El último Papeles de Economía Española, editado por Funcas, está dedicado al cambio demográfico, una de las fuerzas con mayor alcance transformador de la economía global, comparable al cambio climático o los avances tecnológicos En el monográfico, titulado “La economía española frente al reto demográfico”, Anghel, Jimeno y Jovell analizan el rápido envejecimiento de la población trabajadora en España, cuya edad media ha aumentado en más de cuatro años en lo que va de siglo, y sus consecuencias económicas. El envejecimiento es especialmente intenso entre los trabajadores no asalariados, varones, asalariados del sector público, empleados de empresas pequeñas y comunidades autónomas del norte-occidental de la península. Respecto a los perfiles de ingresos laborales por edad, se observa una desaceleración de los ingresos a partir de los 45 años y una caída acusada a partir de los 60 años que sugiere una intensa disminución de la productividad en esos grupos de edad.
Si entre 2002 y 2022 la población ocupada aumentó en torno al 18%, la población ocupada de 50 años o más se multiplicó por más de dos, mientras que la población ocupada de 16 a 29 años se redujo a la mitad. Este fenómeno, que complica la sustitución generacional de trabajadores en todos los segmentos del mercado de trabajo, afecta al crecimiento agregado de la productividad, principal motor del crecimiento económico a largo plazo. Para frenar y revertir este proceso de envejecimiento y, por tanto, evitar el potencial efecto en la estructura productiva, son claves la inmigración y la natalidad.
Sánchez-Marcos estudia la evolución de la tasa de natalidad en España, una de las más bajas de la OCDE. Entre los posibles determinantes cabe destacar la inestabilidad laboral, que se deriva de la alta incidencia de los contratos temporales, y el elevado desempleo en España. Además, la escasa flexibilidad laboral y, en concreto, la elevada incidencia de la jornada partida, desincentiva la natalidad entre las mujeres con un mayor coste de oportunidad de abandonar el mercado de trabajo, como es el caso de aquellas con estudios universitarios. De acuerdo con la evidencia disponible, las medidas con un mayor potencial para elevar las tasas de natalidad serían aquellas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. En particular, las que reducen el coste de la participación laboral de las madres, tales como la financiación de guarderías o las ayudas directas a madres trabajadoras, así como las que minoran la incidencia de la jornada partida, como, por ejemplo, las restricciones explícitas al uso de este tipo de jornada. Por supuesto, la adopción de otras medidas que contribuyan a reducir la inestabilidad de las relaciones laborales tendría también un impacto positivo sobre la fecundidad.
Ante el nuevo paradigma demográfico, Prieto y Vall se centran en la relación entre los principales determinantes de la transición demográfica (la mortalidad, la fecundidad y la salud) y la inestabilidad en las condiciones laborales, aproximada por la tasa de temporalidad y por la tasa de parcialidad involuntaria (o tasa de subempleo). Según su análisis, las condiciones laborales se revelan como un factor de especial relevancia para explicar la relación entre demografía y economía en España, especialmente en la medida en que es el segundo país de la UE con una mayor tasa de temporalidad y el primero en tasa de subempleo a tiempo parcial. Más concretamente, las autoras apuntan a una asociación positiva entre la tasa de temporalidad y una mayor mortalidad. Asimismo, la tasa de temporalidad se relaciona negativamente con la esperanza de vida saludable y con la tasa de fecundidad.
Jiménez y Viola, que analizan el futuro del sistema de pensiones, constatan la inversión de la pirámide poblacional en las próximas décadas y apuntan a la existencia de una fuerza laboral latente que España podría aprovechar, concentrada en la población mayor de 50 años. En el contexto de la última reforma de las pensiones, proponen un mecanismo alternativo novedoso que reduciría la generosidad del sistema en su conjunto, a la vez que mantendría el poder adquisitivo de las prestaciones en términos reales, limitando el traslado de los salarios reales a la cuantía de estas. También aconsejan mejorar el engarce entre sistema de pensiones y mercado de trabajo, facilitando una transición suave entre la participación en el mercado laboral y la jubilación, mediante el desarrollo de un sistema avanzado de jubilación activa.
Tal y como analizan algunos de los artículos del monográfico, el proceso de envejecimiento de la población supone una fuente de vulnerabilidad para la sostenibilidad financiera de muchos programas del Estado de Bienestar en los países europeos. Conde-Ruiz y Vincenzo Galasso abordan en su trabajo las implicaciones de la transición demográfica en el ámbito de la economía política. El proceso de envejecimiento poblacional aumenta el peso y la relevancia de las personas mayores en el conjunto de los votantes, condicionando, así, los resultados electorales y el diseño de las políticas públicas. De este modo, en algunos países como Italia y España, que hoy día ya se caracterizan por una distribución intergeneracional desigual de los recursos públicos, este efecto político del envejecimiento puede conducir a una mayor desigualdad intergeneracional en la distribución de dichos recursos. De ahí que sea necesario neutralizar estos incentivos electorales que empujan a olvidarse de los jóvenes y que podrían redundar en un aumento de la desigualdad entre generaciones. Como recomendaciones, citan la introducción del voto obligatorio, la reducción de la edad mínima para ejercer el derecho al sufragio o el establecimiento de consideraciones intergeneracionales a la hora de asignar el gasto público.
La transición demográfica y el envejecimiento de la población están vinculados a la concentración de la población en las grandes ciudades, por lo que la despoblación rural representa una vertiente adicional del reto demográfico. Goerlich ofrece un diagnóstico del acceso de la población a determinados servicios públicos (sanidad y educación) y privados (oficinas bancarias), así como la cobertura de las redes digitales. La accesibilidad a los diferentes servicios puede considerarse como buena a nivel agregado, aunque existe una clara diferencia rural-urbana que muestra una peor accesibilidad en el caso de las zonas rurales, especialmente de los lugares más remotos.