Fuentes de Trabajo han insistido en un encuentro con los medios en que de ningún modo va a haber recortes en la reforma del subsidio asistencial del desempleo, a pesar de que desde el Ministerio de Economía se ha intentado ajustar a la baja, una pelea dentro del Gobierno de coalición que ha retrasado esta reforma más de un año. Estas fuentes señalan que la diferencia de su propuesta con la del Ministerio de Economía tiene que ver con un planteamiento ideológico que pasa por amenazar a los parados y por pensar que todos trabajan en la economía sumergida mientras cobran del Estado.
Por ello, el departamento que dirige Yolanda Díaz niega que vayan a salir adelante los planteamientos de Economía que pasan por rebajar de 30 a 12 meses el tiempo de cobro y por recortar su importe a una media de 442,5 euros al mes durante ese año (600 euros el primer trimestre, 480 euros el segundo, 390 euros el tercero y 300 euros el cuarto).
Trabajo asegura que su reforma se ajusta al acuerdo de gobierno pactado con el PSOE, que está negociada con Bruselas y que queda el trabajo con los agentes sociales, con la idea de que pueda entrar en vigor a lo largo del año que viene de forma diferida. Las cifras de Trabajo pasan por el cobro de 660 euros los primeros seis meses (110 % del IPREM), 540 euros los seis meses siguientes (90% del IPREM) y 480 euros (80% del IPREM) hasta los 30 meses, en un modelo decreciente que está en línea con el de la prestación contributiva por desempleo. Las cifras se ajustan al indicador de rentas múltiples (IPREM) de 2023 (600 euros mensuales), que se prevé que suba en 2024.
La mejora de la cobertura pasa por extender la protección a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores eventuales del sector agrario que no sean de Andalucía ni Extremadura (que sí están incluidos). Además, se elimina el mes de carencia que ahora hay que esperar para empezar a cobrar el subsidio y se permite compatibilizar el cobro de la ayuda con un empleo durante los primeros 45 días.
Por otra parte, la supervisión pasará de ser mensual a trimestral y mejorarán los criterios de renta para el acceso, de forma que se puedan contar todas las rentas de la unidad familiar si ese cálculo es más beneficioso para el beneficiario.
Además, y para justificar la idea de que este tipo de subsidios desincentivan la búsqueda de empleo, han explicado que el 80% de los beneficiarios no agota los 30 meses de prestación, en tanto que un 56% deja de cobrarla antes de agotarla porque encuentra un trabajo (el resto se jubila o emigra). Las mismas fuentes han dejado caer que el planteamiento de Economía también esconde la idea de que si se recorta un subsidio que requiere estar registrado como demandante de empleo se podrá bajar la cifra de paro.
