De acuerdo con la información adelantada si estos requerimientos no fructifican, el Departamento que dirige, en funciones, Díaz trasladará a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas por vía penal. «Este requerimiento es la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado», han afirmado desde Trabajo.
Según el Ministerio, se han detectado casos en los que los trabajadores de estas plataformas siguen prestando servicios a través de la figura de trabajador autónomo, pese a que el 12 de agosto de 2021 entró en vigor la llamada ‘ley de rider’, que obliga a estas compañías de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.
Las empresas que reincidan en la contratación de falsos autónomos podrán afrontar penas de prisión de entre seis meses a seis años, según la reforma que posteriormente (2022) se aprobó a través de una enmienda en el Congreso del artículo 311 del Código Penal, presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.
La ‘ley rider’ fue fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio.
