Se trata de un punto que ya criticaron tanto los sindicatos como la CEOE cuando el Gobierno de España presentó el primer borrador de la reforma del subsidio por desempleo en diciembre, antes de aprobarlo vía real decreto-ley y que este fuese tumbado por el voto en contra de los cinco representantes de Podemos en el Congreso de los Diputados.
Según han explicado los representantes sindicales, el Ministerio también se ha emplazado a estudiar los problemas de compatibilidad que existían para los fijos discontinuos que trabajaban a tiempo parcial. Si bien, no han tenido una respuesta positiva respecto al resto de cuestiones planteadas en anteriores encuentros, como la posibilidad de sustituir el Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM) al que va vinculado la ayuda por el umbral de riesgo de pobreza incorporado en la reforma de pensiones impulsada por Escrivá. Luján ha explicado que el secretario de Estado de Empleo, Pérez Rey, no les ha ofrecido una valoración al respecto. Tampoco a la posibilidad de actualizar su poder adquisitivo en términos reales, como reclamaba CCOO.
También está fuera del posible acuerdo la opción de recuperar la cotización del 125% de la base mínima que tienen reconocido ahora los perceptores del subsidio para mayores de 52 años, el punto que suscitó el voto en contra de la formación de Ione Belarra y que el Gobierno califica de «parche» que se aprobó para reparar el bajo poder adquisitivo que tenía el salario mínimo profesional hasta la llegada de Sanchez al Gobierno. La renta mínima ha crecido un 54% desde 2018 hasta situarse en los 1.134 euros brutos mensuales distribuidos en 14 pagas, por lo que las fuentes gubernamentales entienden que no se podía conservar este desincentivo a buscar empleo para los desempleados de esta edad. Con la regulación actual tenían una pensión mayor si permanecían en el subsidio que si accedían a un empleo cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
El equipo de Díaz también se ha comprometido a que el texto que será remitido al Congreso de los Diputados en forma de proyecto de ley incluirá el procedimiento o el ‘puente’ para llevar a ciertos colectivos al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no se hará un texto diferente a los seis meses como recogía el real decreto-ley tumbado en enero. En concreto serán cinco los colectivos que pasarán de obtener esta ayuda a la que depende del Ministerio de Seguridad Social, por entender que sus problemas para encontrar un empleo tienen que ver con la exclusión y no necesariamente con su formación o su capacidad para acceder a ofertas de empleo. Este paso requerirá reformas en la ayuda diseñada por José Luis Escrivá que deberá estudiar la cartera ahora encabezada por Elma Saiz.
Ni los agentes sociales ni el Gobierno se atreven a señalar plazos para sacar adelante esta reforma, a pesar de ser conscientes de que está vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que evalúa ahora la Comisión Europea y cuyo pago España está pendiente de recibir a la espera de ver cómo se resuelve este punto. El Ministerio quiere cerrar «pronto» el ámbito de este diálogo social para enviarlo a las Cortes, si bien, todas las partes reconocen que ya se han iniciado los contactos con las formaciones políticas, dado que al adquirir la forma de proyecto de ley será posible que las fuerzas presenten enmiendas que recorten o amplíen lo pactado con los empresarios y los representantes de los trabajadores.
