“De hecho, algunas compañías reportan ya retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta”, han apuntado en un comunicado conjunto. Las organizaciones de la cadena de valor del sector manifiestan su respeto al derecho del sector primario a trasladar sus reivindicaciones a las autoridades competentes, pero consideran que éstas no pueden llevarse a cabo “perjudicando” a otros colectivos, como el del transporte de mercancías, o el conjunto de la sociedad.
“Si bien todas las reivindicaciones son legítimas no lo son todas las formas para tratar de alcanzarlas”, indican estas asociaciones empresariales, que han hecho un llamamiento a las autoridades competentes, incluido el ministro del Interior, para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la libre circulación de personas y mercancías.
En ese sentido, recuerdan que las organizaciones que integran a los diferentes eslabones de la cadena de valor (sector primario, industria y distribución alimentaria) llevan ya mucho tiempo alertando del gran impacto que, para todos los operadores, tiene la presión regulatoria tanto a nivel europeo como nacional, especialmente en el actual contexto de inflación. Por ello, el sector insta a todas las partes implicadas a trabajar, desde el diálogo y la colaboración, en la búsqueda de propuestas de futuro destinadas a compatibilizar el desarrollo económico, el equilibrio medioambiental y el bienestar ciudadano.
Por otro lado, la asociación empresarial de los operadores de logística y transporte UNO se ha reunido con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para determinar las líneas de contingencia con las que amortiguar el impacto de la huelga de agricultores sobre la actividad del sector, y del nuevo paro de transporte convocado por Plataforma a partir del próximo sábado que, en palabras del presidente de la patronal, Francisco Aranda, “es injustificado y oportunista”. UNO ha solicitado al Ministerio del Interior que garantice la seguridad de los conductores, las mercancías y los vehículos de transporte. “Es imperante que se permita el tránsito y la libre entrada y salida de vehículos de las empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministro”, ha señalado Aranda.
En segundo lugar, que se garantice el derecho a la libre circulación de mercancías para evitar que se produzca un desabastecimiento a la población, respetando el derecho de manifestación. “Ya se están registrando incidentes aislados debido a los piquetes, y tememos que ambas movilizaciones puedan provocar serios problemas a aquellos transportistas que quieran ejercer su legítimo derecho a trabajar”, añade el directivo.
Aranda (UNO): “Es imperante que se permita el tránsito y la libre entrada y salida de vehículos de las empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministro”
Por último, tal y como se ha hecho en Francia con motivo de las movilizaciones del sector agrario, UNO ha solicitado que se aplique la excepcionalidad en los tiempos de conducción y descanso de los transportistas: “Es necesario que se amplíe el límite permitido de horas de conducción, para que los transportistas que se hayan visto obligados a parar su actividad puedan asegurar que las mercancías lleguen a destino, evitando, así, un posible desabastecimiento”.
En relación al paro nacional de transportes, el presidente de la logística ha aprovechado para recordar que la mayoría de las peticiones de los convocantes ya fueron aceptadas hace dos años por el Ministerio. Entre otras, se aprobaron medidas como “la prohibición de la carga y descarga, ayudas a los combustibles o la puesta en marcha de distintos mecanismos para que los conductores no puedan trabajar por debajo de coste, entre otras cuestiones. Medidas que se han ido incorporando paulatinamente en los plazos pactados”.“Por eso, no entendemos en modo alguno esta nueva convocatoria de paro por parte de Plataforma, que no cuenta con el respaldo de ninguna de las principales organizaciones empresariales que representan al sector ante las administraciones públicas, y que solo persigue aprovechar las movilizaciones del sector agrario. Da la sensación de que quieren volver a probar suerte después de su última convocatoria que, recordemos, duró apenas unas horas y tuvo un nulo seguimiento”, ha subrayado Aranda.
“Desde UNO abogamos siempre por mantener las mesas de diálogo para seguir impulsando la necesaria competitividad del sector, por lo que seguiremos en contacto permanente con el Ministerio de Transportes para mitigar las graves consecuencias que pueden resultar de ambas movilizaciones. Ser una actividad esencial acarrea una gran responsabilidad, tanto económica como social: la cadena de suministro, que cada vez es más compleja, no puede parar”, ha concluido Aranda.
Pese al contexto en el que tuvo lugar la jornada, los ponentes centraron sus intervenciones en analizar la evolución de los precios y todos coincidieron en que el alza que han experimentado los alimentos se debe a una inflación en los costes.
Desde las cooperativas, Rojo desgranó que la inflación llevaba años contenida hasta la pandemia, cuando se produjo una contracción “brusca” de la demanda. Tras retirar las restricciones, la demanda “implosionó” y la oferta no pudo adaptarse de manera tan rápida, algo que se vio acelerado por la política monetaria y fiscal expansiva que había en ese momento. Con el estallido de la guerra en Ucrania, uno de los principales productores de trigo, y la sequía, se produjo “la tormenta perfecta”.
El representante del sector primario defendió la actuación del Ministerio de Agricultura durante la crisis, pero cargó contra el Observatorio de Márgenes que publica trimestralmente el Banco de España a propuesta del Ministerio de Economía. En concreto, criticó que se le achacasen fuertes aumentos de los márgenes a la agricultura cuando el propio informe reconocía una “elevada volatilidad” y una muestra de empresas pequeña. “No se puede sacar ese dato, hay que coger una muestra representativa. Lo que el campo quiere es que se reconozca el valor. Ya no pedimos esto, con que no se nos demonice es suficiente”.
En su análisis, García de Quevedo situó el punto de partida antes de la pandemia y citó los aranceles introducidos durante la administración Trump o el Brexit como elementos que rebajaron los márgenes. A ellos sumó también los destrozos a la ganadería y la agricultura de Filomena y a la huelga de transporte, que tuvo un impacto de 600 millones en la cadena alimentaria. Por su parte, Magarzo criticó que 2023 fue un año de “ruido político” acerca del comportamiento de la cadena y celebró que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconociese que el IVA de los alimentos se había implementado en todas las zonas “independientemente del nivel de competencia”.
Así mismo, enfatizó en no insistir en mensajes que quieren culpar a la cadena de valor del precio de los alimentos porque son “falsos”, asustan al consumidor y pone en riesgo la confianza e los productos de alimentación. Reclamó actuar con “visión de cadena”.