El transporte profesional colocará sobre la mesa del nuevo Gobierno una propuesta para prorrogar seis meses más la bonificación extraordinaria a los combustibles. El reclamo, que el sector viene haciendo desde la anómala subida que experimentaron los carburantes el último verano, se acentúa a medida que se acorta el plazo para que la cartera recién asumida por Puente decida si extender o no las ayudas que caducan con la llegada del nuevo ejercicio.
«Hemos pedido una reunión a Transportes para plantear que se mantengan las ayudas hasta el 30 de junio de 2024», adelanta a La Información Gil, secretario general de Fenadismer, la federación que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos en nuestro país. La patronal, que prevé reunirse -junto a las restantes asociaciones de transportistas- con el Ejecutivo en las próximas semanas, apoya su decisión en la modificación del marco temporal de crisis autorizada desde Bruselas.
Para poder desplegar sus paquetes de ayudas anticrisis, los Estados miembros de la Unión Europea necesitan un marco especial de ayudas de estado por parte de la Comisión. El espacio, que debía finalizar el próximo 31 de diciembre, fue estirado hasta marzo del año que viene ante el contexto de incertidumbre con los precios de la energía y las tensiones en Oriente Medio. No obstante, la semana pasada, el Ejecutivo comunitario avaló la propuesta de un buen grupo de Estados miembros y prorrogó la ventana de ayudas para los sectores más afectados hasta cubrir la mitad del próximo año.
Esta medida ampara el reclamo de un sector que ha tenido que lidiar con una desescalada de las subvenciones, en ocasiones, desajustada con los elevados precios que dictaba el mercado. Sin ir más lejos, el último recorte de subvenciones se produjo en octubre y redujo la bonificación de 10 a 5 céntimos por litro de combustible consumido, a pesar de que el precio del gasóleo -carburante mayoritario en el sector- cotizaba en niveles no vistos desde febrero (1,693 euros por litro).
Dos meses después la situación se ha dado la vuelta y los carburantes están envueltos en una tendencia bajista. En esta línea, el precio del diésel encadena ya ocho semanas de descensos y se ha reducido hasta los 1,558 euros por litro. Sin embargo, será la evolución del mercado de aquí a final de año lo que marque las pautas de las negociaciones entre la industria y el Gobierno. «En función de como evolucionen los precios, pediremos más o menos intensidad en las ayudas».
Ambas partes realizarán un estricto seguimiento de un precio que depende de múltiples factores como su cotización específica, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos o la evolución del crudo, cuyo valor no se traslada directamente a los precios de los combustibles, sino que lo hace con un decalaje temporal.
La patata caliente quedará en manos de un Gobierno que «no tiene la decisión tomada» y esperará hasta «el último momento» para determinar si es necesario volver a prorrogar este escudo social en base a la recaudación y a la evolución de los precios, tal y como adelantó hace dos semanas el Secretario de Estado de Hacienda, Gascón en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Allí explicó que la nueva vida del paquete de ayudas anticrisis dependerá en gran parte de la recaudación tributaria acumulada al cierre del año.
Cabe destacar que Fenadismer optó por la prudencia cuando el sector tuvo que hacer frente al recorte de ayudas el pasado octubre y prefirió esperar a que se despejase el bloqueo político para formalizar su petición al nuevo Gobierno. Según explicaron a este periódico, decidieron actuar con cautela porque «no era una situación urgente», puesto que la rebaja de la bonificación no se empezaba a cobrar realmente hasta noviembre.
