En concreto, presentará en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización sobre la gestión y control de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados por la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Es en ese documento donde la institución fiscalizadora detectó incumplimientos de los requisitos legalmente exigidos a los trabajadores por cuenta propia. Estar dado de alta en la Seguridad Social o al corriente del pago de las cuotas eran algunos de los requisitos que, al menos, 125.000 autónomos no cumplían y que recibieron 119,5 millones de euros.
A su vez, unos 156.000 autónomos recibieron 386 millones por cesar una actividad que, sin embargo, no estaba suspendida por la pandemia en el listado de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
Sumado a esto, el Tribunal de Cuentas afirmó que los incumplimientos e incidencias relacionadas con el procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas afectarían a 69.269 beneficiarios por un importe total de 41,6 millones de euros.
En su informe, el Tribunal de Cuentas indicaba que la prestación por ceses de actividad, que conllevaba tanto un prestación como la exoneración de las cotizaciones sociales, fue «eficaz» para mantener el empleo de los trabajadores autónomos, pero también advertía que la gestión de las ayudas hanía sido «ineficiente» a tenor de las numerosa «incidencias e incumplimientos» detectados.
El organismo apostillaba que la regulación de la prestación fue «insuficiente» en su origen y fueron necesarias hasta siete modificaciones entre 2020 y 2023. Esto, explicaba el Tribunal, provocó «inseguridad jurídica, desigualdad de trato entre los beneficiarios, y favoreció que surgieran disfunciones e ineficiencias en la gestión».
Otro de los apuntes que dejaba el informe era que de la prestación extraordinaria se beneficiaron en junio de 2020 casi 1,5 millones de trabajadores autónomos, el 44% de los afiliados. La prestación media abonada durante el periodo de vigencia se situó en 2.513 euros, mientras el promedio por beneficiario del importe exonerado en concepto de cotizaciones sociales ascendió a 1.007 euros.
El gasto neto reconocido se elevó, al menos, a 3.741 millones de euros derivados del pago de esta prestación, a lo que se suman 1.495 millones de euros como consecuencia de las exoneraciones en las cotizaciones.
El informe subrayaba que el 94% de las solicitudes de prestaciones tramitadas por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social fueron resueltas favorablemente en 2020 de manera provisional, posponiendo la verificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios a la finalización del estado de alarma. Sin embargo, esta revisión se pospuso hasta 2023 con el riesgo, incluso, de que pudieran verse afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años establecido para las prestaciones indebidamente percibidas en el ámbito de la Seguridad Social. «Lo que podría, en última instancia, causar un perjuicio económico a la Seguridad Social», agregaba el Tribunal.
En cuanto al procedimiento de gestión y control de las exoneraciones de cuotas, la institución constató que existían «discrepancias e ineficiencias» en las distintas fuentes de información del Sistema de Seguridad Social.
Con este panorama, el Tribunal recomendaba que se iniciase el procedimiento de revisión de las resoluciones provisionales adoptadas y que, cuando corresponda, se procediera al reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. La institución apuntaba, eso sí, que estas revisiones ya se han iniciado tras recibir para alegaciones el anteproyecto de informe.
