«A pesar de haber perdido estaba decidido a permanecer en el poder. Durante más de 12 meses, después del día de las elecciones el 3 de noviembre de 2020, el acusado difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad ganó. Estas afirmaciones eran falsas y el acusado sabía que eran falsas», dice la acusación de 45 páginas, formulada por el fiscal especial Jack Smith. Todo aquello desembocó en el asalto de miles de partidarios de Trump al Capitolio, el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso se disponía a confirmar la victoria del demócrata Joe Biden. El calificativo «histórico» se queda corto para Trump: es el primer presidente de EEUU acusado de actuar contra la democracia.
Jack Smith, designado como fiscal especial del Departamento de Justicia, está al frente de la investigación a Trump por su implicación en el asalto al Capitolio de 2021 y por los papeles clasificados hallados en su mansión de Mar-a-Lago. En estos dos casos ha sido imputado y son delitos federales.
Es la primera vez que Trump se enfrenta a cargos penales por sus esfuerzos por anular su derrota en 2020. También es la primera vez que un presidente de Estados Unidos es acusado de intentar anular el resultado de unas elecciones. De los cuatro cargos llama la atención la acusación de violación de los derechos civiles, que se basa en una ley de 1870, aprobada tras la Guerra de Secesión. La ley se dirigía contra los supremacistas blancos y los que pretendían interferir en la capacidad de voto de los afroamericanos, como destaca Politico. La acusación alega que Trump violó el estatuto en su complot para «lesionar, oprimir, amenazar e intimidar a una o más personas en su libre ejercicio y disfrute de un derecho y privilegio que les garantizan la Constitución y las leyes de Estados Unidos, es decir, el derecho a votar y a que se cuente su voto».
De acuerdo con el informe del fiscal especial, «el objetivo de la conspiración fue revertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 utilizando a conciencia consignas falsas de un fraude para obstruir la función del Gobierno federal de recolectar, contar y certificar los resultados». Se constatan intentos de revertir el voto en siete estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin.
Apunta que el 6 de enero de 2021, el ex presidente intentó «explotar el caos presionando para retrasar la certificación de los resultados, incluso después de que se controlara la situación en el Congreso.
Trump difundió acusaciones «falsas» a sabiendas de que eran falsas. «Las repitió y las difundió ampliamente de todos modos, para hacer que parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira».
El ataque al Capitolio fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense… Fue alimentado por mentiras»
En su comparecencia en el Departamento de Justicia, el fiscal Jack Smith ha alentado a todos los estadounidenses a leer la acusación en su totalidad. «El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se describe en la acusación, fue alimentado por mentiras… mentiras del acusado dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de Estados Unidos: el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales».
El fiscal especial investiga a otros seis participantes en la conspiración, de los que no dio los nombre. Según The Guardian, entre ellos estarían Rudy Giuliani, abogado de Trump, y el ex funcionario del Departamento de Justicia Jeff Clark. Ha asegurado que el Departamento de Justicia está interesado en un juicio rápido. Al contrario que en el caso de los documentos secretos, con una juez designada por el propio Trump, en este caso se hace cargo del caso la juez Tanya Chutkan, designada por Obama. Ha dictado las penas más duras contra los acusados en el asalto al Capitolio.
En 2021, Chutkan rechazó el intento de Trump de impedir que la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba los disturbios en el Capitolio obtuviera acceso a los registros presidenciales. «Los presidentes no son reyes», dijo entonces.
En octubre se verá la demanda por fraude contra su imperio inmobiliario; el 15 de enero se celebra un segundo juicio civil por difamación a la escritora Jean Carroll, quien ya le ganó una demanda por abuso sexual; el 29 de enero se le juzgará por estafa para atraer inversores; en marzo tendrá lugar la vista por 34 cargos de falsificación en el pago de soborno a la estrella del porno Stormy Daniels; y en el 20 de mayo está fijado el juicio por los documentos confidenciales que ocultó en su mansión de Mar-a-Lago. En todos los casos se ha declarado «no culpable».
Está pendiente otra causa en el estado de Georgia sobre sus esfuerzos para anular la victoria de Biden en ese estado sureño en las presidenciales de 2020. Sus esfuerzos por dejar fuera de juego a la fiscal Fani Willis han sido infructuosos.
Trump, que ganó por sorpresa en 2016 frente a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, nunca asumió su derrota en las elecciones de 2020 frente al actual presidente Joe Biden. Ni siquiera asistió al traspaso del poder en la Casa Blanca. Quiere vengarse regresando a la Presidencia. Y, si llegara, podría autoindultarse.
