Ábalos y Koldo García tienen en su poder el auto de apertura de juicio oral que les manda al banquillo -junto al empresario Víctor de Aldama- por la primera pieza del «caso Koldo», el «caso mascarillas», por el que se enfrentan a una posible condena de hasta 30 años de prisión. Asimismo, Instituciones Penitenciarias -según consta en la documentación aportada a la causa- les ha trasladado la decisión judicial de imponerles a cada uno una fianza de 60.000 euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que sean condenados.
Unas cantidades que deben afianzar antes de cinco días si no quieren exponerse al embargo de sus bienes, salvo que acrediten una situación de insolvencia «en caso de que carezcan de metálico o de bienes susceptibles de embargo».
Instituciones Penitenciarias apenas tardó 24 horas en hacer llegar al exministro de Transportes y a quien fuera su asesor la resolución judicial que acordó el pasado 11 de diciembre el magistrado del Tribunal Supremo, Puente, tal y como acredita la referida documentación.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 para Koldo García por tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación y uso de información privilegiada. Además, solicita multas superiores a los 3,7 millones de euros para el ex secretario de Organización del PSOE y el que fuera su mano derecha en el Ministerio de Transportes.
El eje central de esta pieza separada del «caso Koldo», aunque no el único, son las adjudicaciones para la contratación de mascarillas en pandemia, por un total de 54 millones de euros, por parte de los ministerios de Transportes (a través de Puertos del Estado y Adif) e Interior, así como por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los dirigían Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
La empresa beneficiaria, Soluciones de Gestión, apenas contaba con trabajares y su volumen de negocio era de 0 euros, pero pese a esas carencias se le adjudicaron los contratos para el suministro del material sanitario. «Todas estas adjudicaciones públicas permitieron a Víctor de Aldama obtener los correspondientes beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión, parte de los cuales hizo llegar en compensación a Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre», sostiene Anticorrupción, que cifra en 3,7 millones de euros el dinero obtenido en comisiones, que luego el empresario habría repartido entre los investigados.
