La adjudicación se realizó de forma irregular por decisión del entonces delegado municipal de Parques y Jardines, Villazón, cuya actuación fue determinante para que el contrato se concediera vulnerando las normas del procedimiento.
La historia se remonta a marzo de 2022, cuando la Junta de Gobierno Local, dirigida por el PSOE, resolvió un empate entre siete candidaturas que optaban al contrato. Según la sentencia, se utilizó como criterio de desempate el número de trabajadores con discapacidad de cada empresa, ponderado según el porcentaje de participación de cada una en la UTE. Este criterio, según ha determinado el Supremo, no estaba contemplado en los pliegos del concurso, lo que supone una irregularidad atribuible al delegado socialista.
El cálculo fue puesto en entredicho desde el principio. La vicesecretaria del Ayuntamiento advirtió en la mesa de contratación de que «el pliego no recogía expresamente el modo de computar dichos trabajadores» y señaló que los porcentajes de participación en una UTE podían «alterarse sin autorización de la Administración», por lo que recomendó computar el número total sin aplicar dichos porcentajes. El interventor municipal apoyó esa interpretación y sugirió incluso solicitar un informe jurídico.
Sin embargo, el delegado socialista optó por una vía distinta. Haciendo uso de su voto de calidad como presidente de la mesa de contratación, decidió aplicar el cálculo por porcentajes, lo que favoreció a la UTE FCC Medio Ambiente y FCC Equal. Según la sentencia, esta decisión se basó únicamente en «el parecer que defendió el presidente de la mesa» y no en una base normativa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su momento, ya anuló la adjudicación por este motivo, fallo que confirma ahora el Supremo.
Las empresas Integra y Talher, que también optaban al contrato, recurrieron la adjudicación y han obtenido finalmente la razón judicial. El Supremo ordena al Ayuntamiento «volver a contabilizar el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión» sin tener en cuenta los porcentajes internos de la UTE y rehacer la clasificación para adjudicar el contrato a quien corresponda conforme a ese nuevo cómputo.
El actual delegado municipal de Parques y Jardines, Juan Olea (PP), ha sido tajante en su valoración de los hechos: «Resulta abrumador ver cómo un exconcejal socialista estableció sus propios criterios para decidir sin ningún tipo de miramiento qué empresa debía ser la adjudicataria de un contrato público y además desoyendo las indicaciones de dos habilitados nacionales, quienes ya le avisaron de lo que podía ocurrir».
Olea también ha alertado de que la decisión de Villazón, concejal raso del PSOE en el presente mandato, podría tener «graves consecuencias económicas» para el municipio, algo que ya están analizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Por este motivo, el actual Gobierno local no descarta tomar «las medidas que sean necesarias al respecto».
Por lo pronto, el equipo de gobierno de Juan Antonio Lara ya ha procedido a una nueva valoración conforme a las indicaciones judiciales. Como resultado, la UTE Integra y Talher ha sido la nueva adjudicataria del servicio. No obstante, estas han comunicado al Ayuntamiento que el estudio económico que presentaron en 2022 «ha quedado desfasado respecto de los precios actuales» y que, de mantenerse sin actualizar, «resultaría deficitario».
