En un auto notificado, Puente advierte de que esa contratación fue “posiblemente irregular y caprichosa”, pero deja la decisión de si se imputa a Pardo de Vera en manos del juez de la Audiencia Nacional Moreno, que instruye la parte del caso Koldo que no está directamente vinculada a Ábalos. El magistrado del Supremo, además, ordena a la Guardia Civil que investigue la adjudicación de obras que aparecen en documentos aportados por el empresario de Aldama, el cabecilla de la trama corrupta que supuestamente tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. El magistrado cita además como testigo a otra mujer vinculada a Ábalos, Claudia M., pero rechaza citar al ministro del Interior, Grande Marlaska, cuyo testimonio había reclamado Ábalos.
La expresidenta de Adif declaró en el Supremo como testigo el pasado 5 de marzo. En su comparecencia, Pardo de Vera se desvinculó de la contratación de Jessica R. en Ineco, la empresa pública de la que la expareja de Ábalos estuvo cobrando durante un año y medio sin ir a trabajar, y solo refirió un par de conversaciones aisladas con el entonces ministro de Transportes y su asesor, Koldo García, en las que ambos le preguntaron por cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco y se interesaron personalmente por dos obras públicas adjudicadas por esa empresa.
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha revelado, sin embargo, que García y Pardo de Vera se cruzaron mensajes en los que el primero apremió a la entonces presidenta de Adif para que se cerrara rápidamente la contratación de Jessica R. “Sólo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba [García, hermano de Koldo y empleado en Ineco], que, si no, José me corta los huevos”, le dijo el que fuera asesor de Ábalos.
El instructor del Supremo cree que esas conversaciones son “particularmente reveladoras” y apuntan a que Pardo de Vera “habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación (…) de una persona escogida libérrimamente” por Ábalos, “quien habría contado para ello con la relevante participación” de su entonces asesor. Según el juez, hay “indicios bastantes” de que la expresidenta de Adif influyó no solo para que, en marzo de 2019, contrataran a Jessica R. en Ineco (dependiente de Transportes) en el marco de un proyecto vinculado a Adif, sino también para que la entonces pareja de Ábalos fuera contratada dos años después en la empresa Tragsatec en un puesto adscrito a la presidencia de Adif.
El instructor envía el caso al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional para que valore la actuación de Pardo de Vera y decida si la cita como investigada. Puente renuncia a ser él quien la impute porque la doctrina de la Sala Segunda del Supremo establece que el alto tribunal solo debe asumir la investigación de los aforados (Ábalos lo es por ser diputado del Grupo Mixto del Congreso) y de aquellos hechos en los que se aprecie “una conexión material inescindible”, algo que el instructor considera que o se da en este caso.
En el mismo auto, el instructor ordena a la UCO que investigue la adjudicación de las obras pública y los supuestos rectificados que aparecen destacados en fluorescente en los documentos aportados por Aldama y cuya adjudicación, según el empresario, se había pactado con Ábalos a cambio de comisiones ilegales. El juez reclama a la Guardia Civil que identifique a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalice el procedimiento de adjudicación. El magistrado adopta esta decisión después de que el informe pericial realizado en el Supremo con una prueba caligráfica de Koldo García concluyera que era suya la letra de las anotaciones aportadas por Aldama sobre los contratos de obras públicas supuestamente adjudicados a cambio de mordidas.
Los indicios contra Ábalos se extienden también a otra mujer con la que, según la UCO, tuvo una relación de pareja, la asturiana Claudia M., a la que el juez cita como testigo el próximo 6 de mayo. Un reciente informe de la Guardia Civil recoge “evidencias digitales” de que esta mujer fue contratada por la empresa pública Logirail SME, cuyo único accionista es Renfe (dependiente de Transportes) gracias a la influencia del entonces ministro y su asesor.
Los agentes recogen varios mensajes en los que Ábalos pide a García que medie para conseguir un contrato para ella a finales de 2019, estuvieron pendientes de que el fichaje se formalizara y mediaron para que no se rescindiera cuando Claudia M. les contó que la quería despedir. “No tengo palabras de agradecimiento (…) por todo lo que estáis haciendo. Agradecerte a ti personalmente (…) no te voy a defraudar ni a Jose en nada”, le dijo luego ella a García.
El instructor cita también como testigo para el mismo día a César Moreno, socio de Aldama, para preguntarle sobre “las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales” del empresario, o personas que actuaban por su encargo, a Koldo García. El magistrado explica que, aunque es citado como testigo, deberá comparecer con abogado al figurar como investigado en la causa que instruye el juez Moreno en la Audiencia Nacional.
