El alto tribunal ha desestimado el intento de la Abogacía del Estado de anular los recursos de Foro Nuclear, Iberdrola, Endesa e Iberenergía contra el PGRR. El documento fue acordado en Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 y prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros entre todas las estrategias y actividades a realizar en España en relación con los residuos radiactivos, la desarticulación de las instalaciones y su estudio económico-financiero.
En los distintos autos se aprecia como la Abogacía del Estado ha maniobrado para que se declare la inadmisibilidad de los recursos alegando la invalidez del argumento usado por las empresas y la asociación. En concreto, estas sostienen que «el plan no tiene valor normativo, carece de imperatividad, carácter decisorio y fuerza vinculante», al ser, en su opinión, «un instrumento meramente programático». Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, concluye que la determinación de la naturaleza jurídica del PGRR, en referencia a la fuerza normativa y a la eficacia ‘ad extra’ que comporta y que pudiera derivarse de su aplicación, a la luz de la regulación establecida en el artículo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, y en la disposición adicional sexta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, constituye una cuestión vinculada al examen del fondo del litigio, que debe abordarse al dictarse la sentencia que culmine el proceso.
Según informó en su día el Ministerio para la Transición Ecológica, «de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga'», el total del plan se sufragará con el fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) y dotado con las aportaciones económicas de los propios titulares de las centrales a través de la denominada ‘tasa Enresa’, que también han recurrido. Según la patronal, la última subida, que supone un incremento de 2,38 euros por cada MWh, fue «absolutamente ajena» a la operación de las centrales nucleares, debiéndose, a su juicio, exclusivamente a los cambios adoptados en el 7 PGRR. El sector calcula que este nuevo incremento supone tener que ingresar 130 millones de euros anuales adicionales a los 450 millones de euros que el conjunto del parque nuclear español ya aporta cada año al fondo de Enresa desde marzo de 2019.
El sector denunció que las soluciones adoptadas en el plan suponían un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas. Reclamaron, por tanto, que en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares. En este sentido, tanto la patronal como los dueños por su cuenta se lanzaron a los tribunales.
Además, con el último PGRR se acordó la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su ATI más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa. Como consecuencia, el Ejecutivo enterró definitivamente la opción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), lo que se conoce como cementerio nuclear, en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), una decisión que el sector también llevó ante la Justicia.
De su lado, almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad se producirá en un Almacén Geológico Profundo (AGP). El plan establece así una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de los suyos, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia. Podría entrar en funcionamiento en 2073.
Las cuatro grandes eléctricas que gestionan las centrales nucleares firmaron su compromiso para el cierre en marzo de 2019. De este modo, y salvo sorpresa de última hora, los siete reactores dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035. El calendario arranca con Almaraz y finaliza con Trillo. Ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la modificación de los hitos. Desde la cartera que dirige Aagesen señalan que pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España. «Ninguno de sus planes de negocio prevé la modificación del calendario de cierre. as eléctricas españolas no quieren prolongar la vida de sus centrales nucleares porque les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir las normas de seguridad aprobadas por la UE tras el desastre de Fukushima y obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables», apuntan las mismas fuentes.
La central de Almaraz está en manos de Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) y cuenta con dos. Ascó también tiene un par y cuenta como dueños con la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. La instalación de Cofrentes depende de Iberdrola, mientras que Vandellós se la reparten también entre Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Por último, el reactor de Trillo lo comparten Iberdrola (49%), Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Endesa (1%). Además, hay otras dos centrales en desmantelamiento: la de José Cabrera en la fase final y la de Santa María de Garoña en la fase inicial.
