La letrada de González Amador ha pedido que se oficie a Montero para que remita todos los “argumentarios” que el Gobierno haya manejado en contra de él, si bien la Sala de lo Civil ha rechazado la prueba y ha dejado el asunto visto para sentencia. La letrada de González Amador, ha expuesto que había ampliado la demanda aportando un correo interno que la Secretaría de Estado del Ejecutivo envió por error a los periodistas el 3 de diciembre de 2024 y que evidenciaba que la coalición había creado una línea argumental política utilizando la causa fiscal que existe contra el novio de Ayuso. La letrada ha sostenido que las declaraciones de Montero bebían de esos literales, por ejemplo: “Aquí quien tiene que dar explicaciones es la señora Ayuso, que aún no ha dado ninguna explicación sobre por qué mintió ni sobre por qué sigue viviendo en un ático que se financió a través del fraude fiscal, como ha reconocido su propia pareja”.
Con ese escenario, la letrada ha instado que se le requiera a la vicepresidenta y, si no, a la Secretaría del Estado de Comunicación o al PSOE todos estos argumentarios en los que se hiciera referencia a González Amador, pero el tribunal ha considerado “impertinente” esta prueba y ajena a las diligencias.
Buena parte de la vista ha girado sobre si la ampliación de la demanda que había realizado el novio de Ayuso (incluyendo dicho correo y más frases de la vicepresidenta) era una simple concatenación de declaraciones nuevas de Montero o traía pretensiones de ensanchar la responsabilidad de la demandada. La Abogacía del Estado ha insistido que no se podían ampliar los hechos y el tribunal ha señalado que decidirá este punto en la sentencia.
En cualquier caso, el presidente togado, Ignacio Sancho, ha convenido que nada cambia en lo sustancial de la demanda que se basa en si la vicepresidenta Montero simplemente comentó noticias de prensa que iban saliendo sobre el presunto fraude de González Amador o si usó el amplificador del Gobierno para rebasar la libertad de expresión y minar el honor de un particular.
La Abogacía del Estado —que defendía a la ministra— ha expuesto que todas las declaraciones que se han producido son meros juicios de valor y comentarios a las noticias de que la pareja de Ayuso había podido defraudar al fisco. Si Montero se refirió a él como “defraudador confesó” fue porque su abogado, que era su representante legal, había admitido los delitos a la Fiscalía en un email. “No es un particular al uso, su nombre y el sitio donde trabaja han salido en la prensa”, ha alegado el representante de los Servicios Jurídicos del Gobierno.
Para la letrada de González Amador, en cambio, son expresiones “muy graves” porque es “absolutamente falso” que él en primera persona haya confesado delito alguno o que esté viviendo en un piso pagado con un fraude. “Si bien es cierto que las informaciones son imprescindibles para conformar la opinión pública en una sociedad democrática, en modo alguno son sentencias”, ha defendido. Y, por eso, considera que deben ponerse líneas rojas a la libertad de expresión que lesiona el honor. Ha expuesto que González Amador, por el mero hecho de ser el novio de la presidenta madrileña no se convierte en personaje público, que tienen que aguantar un umbral mayor de crítica pública. El novio de Ayuso “no es cargo público y nunca lo ha sido, no ha concedido entrevistas a la prensa, no tiene redes sociales y las únicas fotos que hay de él son saliendo del juzgado”, ha reflejado.
Por su parte, el abogado del Estado Molero ha insistido en que la mera declaración de la voluntad de retractarse de sus delitos entraba dentro de la definición de «defraudador confeso» que Montero utilizó en su «significado popular». «Estamos ante un debate político», ha dicho y ha expresado que es una «paradoja» que el interesado que se ha colocado en el centro con esta demanda ahora pretenda querer encuadrarse en la condición de anónimo.
La misma línea ha seguido el Ministerio Fiscal, defendiendo que el correo en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos al fisco forma el «sustrato fáctico» sobre el que se han apoyado los comentario de Montero. Que no han sido declaraciones hirientes en el vacío, si no que había tierra debajo. «¿Hay interés general?», ha continuado. «Pues ya lo vemos aquí», ha dicho el fiscal Javier Muñoz, señalando a la quincena de periodistas que estaban sentados en el público. Por último, ha expresado que el demandante «por sí solo» no tiene proyección pública, pero que «lo quiera o no» se ha convertido en un personaje público.
La Fiscalía ha coincidido por tanto en la desestimación de la demanda en la que González Amador reclama 40.000 euros. Ahora, por tanto, todo queda en manos de los cuatro magistrados que conforman el tribunal.
