La venta del 26% del capital, cuidadosamente situada por debajo de los umbrales que obligarían a una revisión exhaustiva, evitará el control del ‘escudo antiopas’ español y del reglamento comunitario de concentraciones. Un diseño que simplifica la operación al máximo, esquiva posibles vetos y deja la última palabra en manos de los principales accionistas sin pasar por las autoridades de competencia.
Esta rápida bendición de las administraciones a la entrada de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, valorada en 275 millones de euros, es posible gracias a que no superará los límites que activarían los mecanismos de control del blindaje aprobado en España en 2020 ni del Reglamento europeo de concentraciones, pese al impacto estratégico que tendría en el mapa aéreo continental.
En el plano nacional, el Real Decreto-Ley 34/2020 faculta al Gobierno para autorizar adquisiciones de empresas estratégicas españolas cuando superan el 10% del capital si están cotizadas o 500 millones de euros si no lo están, como es el caso.
Aunque Air Europa entra de lleno en la categoría de activo estratégico —así lo consideró Moncloa al concederle el rescate de 475 millones a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas—, el importe de la operación queda por debajo de ese umbral, lo que impide que el Ejecutivo bloquee o condicione la transacción usando este instrumento, ideado para frenar compras hostiles en plena pandemia.
En Bruselas, el Reglamento 139/2004 solo analiza concentraciones de dimensión europea cuando el volumen de negocios global de las empresas implicadas supera los 5.000 millones de euros y, en la UE, al menos dos de ellas ingresan más de 250 millones en más de un Estado miembro.
Si bien Turkish y Air Europa cumplen conjuntamente la primera condición —la turca facturó más de 19.000 millones de euros en 2024 y la española prevé superar los 3.000 millones este año—, ésta concentra prácticamente toda su facturación en España, lo que la dejaría fuera del alcance de esta supervisión.
Asimismo, Bruselas considera una operación como una «concentración» si implica un cambio de control sobre una empresa. La toma del 26% de Air Europa por parte de los turcos no otorga el control de la compañía, que se mantendrá en manos de Globalia con su 54% del capital, a lo que hay que sumar el 20% adicional que posee IAG.
La posición del Gobierno español sobre esta operación no ha sido revelada públicamente hasta el momento, pero distintas fuentes del sector apelan a una extrema prudencia dadas las polémicas sobre la relación de Hidalgo, ex-CEO de Air Europa y Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Asimismo, desde Moncloa se prioriza el cobro del préstamo de 475 millones de euros concedido por la SEPI, que todavía sigue en el consejo de administración de la aerolínea, por lo que su capacidad de tumbar la operación es más bien limitada, por poca sintonía que pueda haber entre los ejecutivos de Sánchez y Erdogan.
