En dos informes elaborados junto a Boston Consulting Group, este foro que reúne a más de cincuenta representantes de grandes empresas industriales y tecnológicas europeas y del que forman parte los principales ejecutivos de Iberdrola, Telefónica, Ferrovial e Inditex, señala «la intensa presión competitiva» que sufren las industrias europeas de uso intensivo de energía en comparación con sus competidores en otros lugares.
Esta pérdida de competitividad europea a través de la transición energética se vería reflejada en datos como la pérdida del 66% de la producción de aluminio en la UE y su reciente paso de ser un exportador de productos químicos a un importador neto. «La desindustrialización de Europa ya ha comenzado», resume el documento, señalando la bajada en el número de empresas de la UE incluidas en Fortune Global 500 y la significativa caída de la productividad laboral.
En este sentido, advierte de que el riesgo de una mayor desindustrialización es evidente en el desplazamiento de la inversión extranjera directa hacia otras regiones. «La descarbonización a través de la transición energética ha pasado de ser una ambición puramente europea a convertirse en una agenda global», apunta Papalexopoulos, presidente de TITAN Cement Group y presidente del Comité de Transición Energética y Cambio Climático de ERT. Sin embargo, a pesar de tratarse de un avance positivo, para Papalexopoulos también resulta obvio que las metodologías que están implementando la UE, EE.UU., China y otros varían enormemente, añadiendo que el mayor riesgo del enfoque europeo es que «ha puesto a la industria de uso intensivo de energía en una posición de significativa desventaja competitiva».
De tal modo, si se pierde la participación de Europa en sectores globales como el cemento, los productos químicos, los metales y las refinerías, que emplean a millones de personas, «otros de otros lugares simplemente la recogerán y esa prosperidad se trasladará allí». «En algún momento quedará claro qué región o país ha ganado la carrera hacia la descarbonización y disfrutará de las respectivas ventajas competitivas», añade Papalexopoulos, subrayando que esto se determinará «en los próximos cinco años». En uno de los documentos, los autores señalan que la ambición de Europa de un futuro más verde exige una evolución decisiva de su infraestructura energética, ya que no se trata de una mera mejora, «sino de una transformación fundamental» para cumplir los objetivos climáticos y seguir siendo globalmente competitivos.
Para lograrlo, los autores consideran necesaria «una inversión masiva» de 0,8 billones de euros para 2030, que aumentará a 2,5 billones de euros para 2050, que hará necesario un esfuerzo de colaboración entre el capital público y privado, añadiendo la importancia de contar con un mercado único más fuerte con un marco regulatorio favorable para atraer inversiones de capital privado. En este sentido, si bien la UE se encuentra en una situación privilegiada, ya que tiene una de las redes interconectadas más grandes del mundo, el mercado único de energía se encuentra «subdesarrollado» y ante lo que las empresas reclaman mayor apoyo a través de acciones regulatorias.
Asimismo, las empresas lideradas por miembros del foro ERT abogan por introducir cambios regulatorios y reclaman a los responsables políticos que reconsideren la senda de políticas de Europa para lograr sus objetivos climáticos.
Esto incluye reducir el riesgo de inversiones anticipadas en la red, procesos de permisos simplificados y un enfoque basado en prioridades para el desarrollo de la red eléctrica, así como atención a nuevos gases, incluido el papel del hidrógeno bajo en carbono. «Las regulaciones complejas obstaculizan el acceso al capital privado», señalan para indicar la importancia de dotarse de un marco regulatorio más ágil y un argumento comercial claro para los inversores privados.
