A cambio, una «autoridad» le concedería el traslado a un destino en el extranjero. La denuncia terminó en la Fiscalía de Madrid que llegó a abrir unas diligencias preprocesales, Las fuentes con conocimiento del asunto vinculan en última instancia esta «oferta» a Díez, la periodista y ‘fontanera’ del PSOE.
Los hechos, según la denuncia, sucedieron el pasado 27 de febrero en una terraza de una céntrica cafetería de Madrid. El fiscal José Grinda acudió a verse con un periodista conocido que le entregó una documentación que, en última instancia, le pedía que cometiera un delito de prevaricación. Distintas fuentes que ha consultado este medio explican que en esos papeles se proponía el archivo de varios casos relacionados con el independentismo como el ‘caso Pujol’ –una investigación sobre corrupción contra el expresidente de la Generalitat catalana que está pendiente de juicio–; el ‘caso del 3%’ –sobre el escándalo de la antigua Convergència y el porcentaje de obra pública que presuntamente cobraban en mordidas–; además, de otro asunto relacionado con Venezuela, el de ‘Duro Felguera’, y el ‘caso Zed’.
Precisamente, esta última investigación en la Audiencia Nacional está relacionada con la tecnológica Zed Worldwide, que fundó Javier Pérez Dolset, uno de los participantes en la polémica reunión que ha desvelado ‘El Confidencial’ y en la que Leire Díez ofrece a un acusado por fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional sentarse con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado si desvela corrupción dentro de la Guardia Civil.
La denuncia del fiscal Grinda dice, además, que le proponían que aclarara el origen de la investigación a Sandro Rosell, que estuvo en prisión provisional por un asunto de corrupción en la Audiencia Nacional por el que fue finalmente absuelto y por el que el Ministerio de Justicia deberá indemnizarlo. Así como conseguir información del fiscal jefe de Anticorrupción, Luzón, que es quien supervisa todos los asuntos relacionados con la corrupción en el Ministerio Público y quien lleva personalmente el ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo. A cambio, el documento decía que una «autoridad» avalaría su traslado al extranjero.
No hay que perder de vista que este funcionario de Anticorrupción había solicitado el pasado mes de diciembre un puesto de colaboración de la Unión Europea para investigaciones en tráfico de drogas y tráfico de mujeres en Bolivia, pero que no le fue concedido. Algunas voces consultadas vinculan este ofrecimiento con un cohecho y señalan que el periodista llegó a verbalizar que detrás de este aval estaba Leire Díez.
El fiscal Grinda interpuso una denuncia explicitando estos detalles y fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirman que le dieron curso y lo enviaron a la Fiscalía General del Estado. Allí, la Secretaría Técnica, el órgano que se encarga de revisar los asuntos que entran en esa sede del Ministerio Público, consideró que el tema podría ser competencia de la Fiscalía Provincial de Madrid. Fuentes conocedoras de las diligencias explican que se abrieron unas diligencias de información preprocesal, el paso previo a una investigación, y trataron de contactar una decena de veces con el periodista para citarlo. Éste cogió el teléfono una primera vez, pero ya no lo volvió a coger más así que ante la imposibilidad de avanzar en la investigación, indican dichas fuentes, el asunto terminó archivándose recientemente.
