De esta propuesta legislativa dio cuenta, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños. Explicó que el Ejecutivo había analizado en primera vuelta este anteproyecto sobre la Fiscalía, mientras que había abordado en segunda lectura, para su remisión ya al Congreso, el proyecto de Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.
Sobre la reforma del funcionamiento de la Fiscalía, Bolaños señaló que esta reforma contempla que los responsables del Ministerio Público pasarán a tener un mandato de cinco años no renovable. Además, no podrá haber un fiscal general que tenga dos mandatos seguidos, salvo cuando haya empezado con un período de un año, que le dará la opción de renovar otros cinco. Esto supondría que, en estos supuestos, este alto cargo podría estar seis años en el puesto.
El ministro indicó que esta modificación legal entrará en vigor en 2028 y afectará al fiscal general que nombre el Gobierno salido de las elecciones generales de 2027. Destacó que «en ningún caso» en 2028 el fiscal que se nombre podrá ser el actual, Álvaro García Ortiz, ya que ya ha cumplido dos mandatos. Al mismo tiempo, Bolaños apuntó que la modificación busca adaptar el Ministerio Fiscal al nuevo papel que tendrá con la aprobación de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que los fiscales pasarán a instruir los procesos penales, como ocurre en el resto de países de la UE. De hecho, el ministro explicó que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal será una disposición adicional de la futura LECrim.
El ministro destacó que, con esta propuesta legislativa, el Gobierno atiende las principales recomendaciones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) para reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal.
Entre las novedades se incluye que el fiscal general del Estado será el responsable de los nombramientos, ascensos y sanciones de los principales fiscales, mientras que la Junta de Fiscales de Sala podrá imponer su criterio si cuenta con el respaldo de tres quintas partes de sus miembros. Además, las asociaciones de fiscales no podrán recibir financiación privada ni de Gobiernos u organismos extranjeros, y se creará un registro público de fiscales que preparen opositores, quienes necesitarán autorización de la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Fiscal dirigirá a la Policía Judicial en la investigación del delito, siendo el Fiscal Jefe quien nombrará al fiscal o fiscales encargados de cada investigación. Los fiscales tendrán el mismo régimen de abstención y recusación que jueces y magistrados, reforzando así las garantías en su actuación dentro del nuevo marco de competencias que asumirán.
El cese del fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo así mayores controles en este procedimiento.
Al mismo tiempo, Bolaños informó de que el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que será enviada al Congreso para su tramitación. Destacó que representa la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuatro décadas. El texto incorpora recomendaciones emitidas por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, y pasa ahora a tramitación parlamentaria. Destacó que la reforma supone un cambio de modelo en el acceso a la Judicatura y la Fiscalía, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y atraer talento independientemente del origen económico o geográfico.
La nueva normativa establece que las becas SERÉ, destinadas a opositores de los principales cuerpos del Poder Judicial y la Administración de Justicia, tendrán una cuantía mínima equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una duración de hasta cuatro años.
El proyecto contempla que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en una red pública de preparación de oposiciones con implantación territorial, además de introducir un ejercicio práctico escrito que sustituirá a una de las pruebas orales actuales. En el acceso por el «cuarto turno», para juristas con más de diez años de ejercicio, se priorizará la redacción de un dictamen eliminatorio antes de la valoración de méritos, mientras que para jueces sustitutos y fiscales interinos se regula un proceso extraordinario.
La reforma también establece mejoras en transparencia institucional, como la gestión por parte del CGPJ de un registro público de preparadores y la prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales.
Bolaños señaló que esta norma «acerca el Poder Judicial a la ciudadanía» y permite «incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve».
