No se trata sólo de repartir recursos, sino de definir incentivos, intentar garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos y preservar la competitividad de la economía nacional. Desde esa óptica, y a la luz de los datos técnicos recientemente publicados por el Ministerio de Hacienda, pretendo hacer una reflexión serena pero clara sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Y quiero abordar este debate desde una perspectiva estrictamente económica, sin entrar en consideraciones políticas ni en el proceso mediante el cual parece que se ha gestado la propuesta presentada por el Gobierno. No obstante, sí parece razonable señalar que una reforma de esta magnitud habría ganado en solidez y legitimidad si hubiera sido fruto de un diálogo amplio y estructurado con los gobiernos de todas las comunidades autónomas de régimen común.
Dicho esto, el debate relevante no es el origen de la propuesta, sino sus efectos. Y para evaluar esos efectos es imprescindible acudir a los datos, a los criterios técnicos y a las consecuencias económicas reales que se derivan del nuevo modelo. Porque la financiación autonómica no es un juego de suma cero entre territorios, sino una de las piezas clave del funcionamiento del Estado, de la prestación de los servicios públicos y de la competitividad de la economía española en su conjunto.
El análisis a partir de datos homogéneos de financiación de 2023 y de la población ajustada permite evaluar con bastante precisión el impacto redistributivo de la propuesta. Y mi conclusión principal es inequívoca: estamos ante un modelo de fuerte nivelación que corrige déficits históricos en algunas comunidades, pero que lo hace a costa de penalizar de forma sistemática a otras que ya partían de una financiación relativa inferior a la media, entre ellas la Comunidad de Madrid.
Conviene subrayar un punto esencial: ninguna comunidad pierde recursos en términos absolutos. Todas reciben más financiación. Sin embargo, el debate relevante no es solo cuánto dinero se recibe, sino qué posición relativa ocupa cada territorio dentro del sistema, es decir, cómo le afecta el reparto. Y ahí es donde el nuevo modelo introduce distorsiones que merecen una reflexión profunda desde el punto de vista de la equidad.
Según el recálculo realizado, la financiación media por habitante ajustado pasaría de 3.390 a 3.857 euros, un incremento significativo. Comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana, históricamente infrafinanciadas, experimentan subidas muy notables —de hasta 779 y 725 euros por habitante ajustado, respectivamente— que las sitúan por encima de la media nacional. Desde el punto de vista de la equidad horizontal, este objetivo puede considerarse razonablemente cumplido… sólo para algunas comunidades.
Madrid, aún peor financiada en términos relativos
Sin embargo, el problema surge cuando observamos qué ocurre con aquellas comunidades que no estaban sobrefinanciadas y que, aun así, ven deteriorarse su posición relativa. Madrid es el caso más paradigmático. En 2023, la Comunidad de Madrid ya partía ligeramente por debajo de la media nacional, con un índice relativo de 99,2. Con la nueva propuesta, lejos de corregirse esa situación, cae hasta el 97,2. Es decir, Madrid consolida su posición como una de las comunidades peor financiadas en términos relativos del sistema común.
Este dato no es menor ni anecdótico. Madrid no solo es una de las regiones más pobladas, sino también uno de los principales motores económicos y de empleo del país. Es la comunidad que más aporta al sistema en términos fiscales, la que concentra una parte sustancial de la inversión extranjera, del empleo cualificado y de la actividad empresarial. Penalizar su financiación relativa no es solo una cuestión territorial, es una decisión que tiene implicaciones directas sobre el conjunto de la economía española.
El nuevo modelo introduce una gran nivelación, de manera que, si en 2023 la distancia entre la comunidad peor financiada y la mejor era de casi 30 puntos, con el nuevo sistema se reduce a prácticamente la mitad. Esta compresión puede parecer positiva a primera vista, pero plantea una cuestión clave: ¿con qué criterios y con qué incentivos se produce y a qué precio?
Aquí aparece uno de los elementos más controvertidos del diseño: el mecanismo de nivelación. La propuesta combina una nivelación horizontal —que ajusta al 75% la distancia respecto a la media— con una nivelación vertical financiada por el Estado, que reduce en dos tercios la distancia respecto a la comunidad mejor financiada. El objetivo declarado es reforzar la solidaridad interterritorial. El efecto práctico es una homogeneización intensa que convierte a algunas comunidades en aportadoras netas de forma estructural, independientemente de su esfuerzo fiscal o de su contribución al crecimiento económico.
Comunidades como Extremadura, Castilla y León, Galicia o Asturias experimentan caídas muy significativas en sus índices relativos —algunas superiores a los 10 puntos— pasando de posiciones claramente por encima de la media a situarse por debajo de ella. Cataluña, en cambio, no solo mejora en términos absolutos, sino también relativos: pasa de un índice de 101,9 a 105,3, consolidándose claramente por encima de la media nacional. Esta asimetría en los resultados exige una explicación que va más allá de la mera corrección de la infrafinanciación.
Más recursos, más opacidad
Es justo reconocer que el modelo introduce una inyección de recursos sin precedentes —en torno a 21.000 millones de euros— y refuerza la autonomía financiera de las comunidades al elevar la cesión de los grandes impuestos: el IRPF del 50% al 55% y el IVA del 50% al 56%. Desde el punto de vista de la corresponsabilidad fiscal, este avance es relevante.
También parece acertada la mejora metodológica en el cálculo de la población ajustada. Afinar los indicadores sanitarios, educativos y sociales —por ejemplo, desagregando los tramos de edad o incorporando la movilidad universitaria y el desempleo sin prestación— acerca el reparto a los costes reales de los servicios públicos. Esta mayor precisión técnica es una demanda histórica de los expertos y contribuye a un sistema más racional.
Asimismo, la simplificación del modelo, eliminando fondos opacos y mecanismos difíciles de explicar, incluso para los propios gestores públicos, y el paso a un modelo de flujos de caja en tiempo real, que pone fin a las entregas a cuenta y a liquidaciones con dos años de retraso, aportan mayor certidumbre financiera y facilitan la planificación presupuestaria.
Pero, por el contrario, el nuevo modelo plantea también otras deficiencias. La primera es la falta de transparencia: la ausencia de proyecciones detalladas y de escenarios completos. En un ámbito tan sensible como la financiación autonómica, la transparencia no es una opción, sino una condición necesaria para generar confianza institucional y económica.
La segunda es el mantenimiento artificial del equilibrio político mediante compensaciones externas al sistema. Si el modelo, aplicado estrictamente, genera pérdidas relativas relevantes en algunas comunidades, pero estas se corrigen “por fuera” mediante fondos adicionales, se vacía de coherencia el propio sistema y se reintroduce discrecionalidad política.
Especialmente preocupante resulta, desde una perspectiva macroeconómica, el debilitamiento del Estado central. La cesión mayoritaria de los grandes impuestos reduce su capacidad financiera para afrontar reformas estructurales, inversiones estratégicas o crisis futuras. Un Estado sin músculo fiscal es un Estado con menos capacidad de garantizar estabilidad, algo que los mercados y los inversores valoran con extrema sensibilidad.
Y, por último, está la cuestión de los incentivos. Un modelo que nivela fuertemente sin incorporar de manera clara el esfuerzo fiscal, la eficiencia o la contribución al crecimiento corre el riesgo de penalizar a las economías más dinámicas. Desde la óptica empresarial, este es un aspecto crítico, porque la financiación autonómica no puede desligarse completamente de la realidad económica sobre la que se sostiene. En el caso de Madrid, esta combinación de factores —mejoras técnicas, pero resultados finales desfavorables— refuerza la sensación de que el sistema sigue sin reconocer adecuadamente su papel como motor económico nacional.
¿Coherencia del sistema?
Esta combinación de resultados plantea dudas legítimas sobre los criterios de asignación y sobre la coherencia del sistema. Un modelo de financiación no puede limitarse a redistribuir recursos sin tener en cuenta el esfuerzo fiscal, la eficiencia en la gestión y la contribución real al crecimiento económico. La equidad no puede confundirse con la homogeneización forzada ni con la penalización de quienes generan más actividad y empleo.
La financiación autonómica debe ser un instrumento al servicio del crecimiento, la cohesión y la competitividad. El nuevo modelo avanza en la corrección de viejos déficits, pero abre otros problemas que no pueden ignorarse. Desde el ámbito empresarial madrileño, nuestra obligación es señalar que la equidad no puede construirse sacrificando los incentivos que sostienen la creación de riqueza y empleo. Porque sin crecimiento, no hay redistribución posible.
Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid defendemos un modelo de financiación que garantice servicios públicos de calidad en todo el territorio, pero que también preserve los incentivos al crecimiento, a la atracción de inversión y a la creación de riqueza. Madrid ha demostrado que una política fiscal competitiva, combinada con una gestión eficiente, genera beneficios que trascienden sus fronteras. Debilitar su posición financiera relativa es, en última instancia, debilitar uno de los principales pilares del sistema económico nacional.
Impacto en la confianza
Además, no podemos obviar el impacto que este modelo puede tener sobre la confianza empresarial. La estabilidad, la previsibilidad y la equidad en las reglas del juego son elementos esenciales para la toma de decisiones de inversión. Un sistema que transmite el mensaje de que el éxito económico se traduce sistemáticamente en menor financiación relativa introduce un incentivo perverso que conviene evitar.
El debate sobre la financiación autonómica no debería plantearse en términos de ganadores y perdedores políticos, sino de sostenibilidad económica y cohesión real. Corregir desigualdades históricas es necesario, pero hacerlo a costa de erosionar la capacidad de los territorios más dinámicos no es la solución, más aún cuando han demostrado constantemente su solidaridad sin ambages.
España necesita un modelo de financiación que equilibre solidaridad y responsabilidad, equidad y eficiencia, un instrumento al servicio del crecimiento, la cohesión y la competitividad. El nuevo modelo avanza en algunos objetivos, pero deja abiertos interrogantes importantes que, desde el ámbito empresarial madrileño, no podemos dejar de señalar. Y señalarlos no es una posición política, sino una responsabilidad institucional. Porque lo que está en juego no es solo la financiación de una comunidad, sino el modelo de crecimiento y competitividad del país en su conjunto. Porque sin crecimiento económico sostenido, no hay redistribución posible ni Estado del bienestar que pueda sostenerse en el tiempo
