Y la realidad apunta con claridad en esa dirección . hasta el punto de que la propia ministra de Transportes, la señora Sánchez, ha asumido que los gobiernos regionales controlados por el PP podrán ignorar la nueva normativa, ya que el proyecto de ley que se aprobara, no contiene mecanismos coercitivos para que dichos ejecutivos tengan que aplicar de manera obligatoria sus preceptos.
La nueva ley «es un llamamiento a los poderes públicos que recibirán el reproche social si no la aplican. Ninguna Administración pública podrá abstraerse de dar soluciones efectivas a todas las personas que nos han reclamado a los poderes públicos que las demos», ha dicho esta ministra y si ustedes son capaces de explicarme lo que quiere decir con tanta fraseología yo estaría muy agradecido, porque la verdad es que no se entiende nada,
Pero lo mas divertido del caso es que los propios socios del Gobierno que apoyaran la aprobación de la ley en el Parlamento reconocen su mínima soberanía en nuestros territorios lo que hace que sea impensable que podamos votar una ley donde el Estado puede decidir políticas de vivienda de ese calibre cuando las competencias son exclusivas de las CCAA. Nunca habríamos aceptado que el Estado, por ejemplo, pudiese declarar zonas tensionadas en nuestros respectivos territorios,
Es decir, la cacareada ley es solo un papel mojado con tintes electorales que apestan a caca de vaca que echa para atrás a quien se acerque. Y para eso llevan discutiendo un año. Manda h…. que diría el viejo Trillo