Se trata de una proposición no de ley que tiene como objeto reforzar la presencia del Estado en sus empresas estratégicas, pues en la actualidad las empresas estatales españolas representan, tomando como referencia su valor de mercado, el 5% del PIB, frente al 13% de Francia o el 12% de Suecia o Finlandia. Para revertir esta situación, la formación ve preciso apostar por esa transformación de la SEPI en una nueva agencia de empresas estratégicas que contribuyan a la transformación estructural del modelo productivo español.
Con esta nueva entidad, los de Díaz quieren que la industria aporte en la próxima década el 20% del PIB de España, cumpliendo así los objetivos establecidos por la Comisión Europea.
Sumar defiende que, con una política industrial adecuada, España puede ofrecer a industrias estratégicas de alto valor añadido ventajas relacionadas con la energía, como la garantía de suministro o su potencial para la producción de energía renovable a un precio reducido.
«Esta estrategia competitiva supondrá el abandono definitivo de los intentos pasados, y fallidos, de competir mediante devaluaciones salariales», apostilla la formación en su propuesta, Asimismo, la agencia permitiría coordinar las actuaciones relacionadas con los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) e incorporar a su cartera las empresas públicas de carácter industrial, y de forma especial las que ahora dependen de la SEPI.
La idea es que la entidad implemente planes específicos para cada una de las empresas del sector público, para contribuir a generar empleo público y privado de calidad relacionado con la innovación, y a reducir los desequilibrios territoriales respecto de las zonas del Estado con mayores déficits de inversión en industrias estratégicas como la naval o el aeroespacial.
Sumar sugiere que la agencia se conforme como un organismo público de los previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y que tenga personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía funcional y de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, la entidad que propone Sumar sería el instrumento del Estado para la participación pública en el capital social de empresas estratégicas cuando haya amenazas a la autonomía estratégica industrial. De hecho, la formación propone incorporar este principio de autonomía estratégica industrial como guía en las decisiones de política industrial, de forma estructural y no solo como respuesta a casos particulares o situaciones coyunturales.
También incluye un punto para modificar el decreto sobre inversiones exteriores para proteger a las empresas españolas de acciones indeseadas, que atentan contra ese principio de autonomía estratégica. Sobre todo, dice Sumar en referencia al caso de la saudí STC con Telefónica o la emiratí Taqa con Naturgy, cuando el país de origen de las inversiones no cumple con los principios de respeto a las libertades y la democracia.
La Agencia Industrial mantendría un modelo de gobernanza adaptado a la «realidad plurinacional de España», asegurando la participación activa de las comunidades autónomas, y participativo, de modo que cuente con la presencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos del país.
Por último, Sumar plantea crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía para impulsar la inversión pública nacional en empresas estratégicas de España y mejorar la eficiencia de la arquitectura financiera pública estatal.
