Sin embargo, esta medida ha tenido un coste significativo para el mercado gasista europeo, que sigue alejado de los precios previos a la crisis energética, y ha generado disfunciones que ya no se pueden ignorar.
El calendario de llenado, pensado para países con altas tasas de consumo doméstico y fuerte dependencia del gas ruso, no se ajusta a la realidad de todos los Estados Miembro. En España, por ejemplo, el contexto es radicalmente distinto. Disponemos de siete plantas de regasificación activas, acceso directo al gas argelino y una demanda doméstica notablemente menor que la de otros países del centro y norte de Europa. Además, nuestras infraestructuras de almacenamiento subterráneo no están diseñadas ni en capacidad de extracción ni en volumen para cumplir el mismo rol que desempeñan en Alemania, Italia o Francia. Imponer una misma obligación de llenado para todos los países sin atender sus diferencias estructurales no solo es ineficiente, sino que penaliza especialmente al consumidor industrial, que asume ahora el coste de almacenar gas que ni necesita ni utilizará.
Es precisamente este contexto el que está llevando a España a revisar el marco normativo y realizar una consulta pública abierta para modificar el Reglamento (UE) 2022/1032, aprobado en junio de 2022. El nuevo marco propone la extensión del llenado de almacenamiento subterráneo hasta el 31 de diciembre de 2027, así como otras alternativas, como reducir el porcentaje de llenado, establecer una trayectoria orientativa o incluso no extender la medida.
Este es el momento ideal para repensar cómo el almacenamiento subterráneo puede integrarse de forma más eficiente en el contexto energético español, que presenta características estructurales muy distintas a las de otros Estados Miembro. Como reflejan las alternativas planteadas en la consulta pública, no podemos seguir con una normativa rígida que no tiene en cuenta las particularidades de cada sector y cada economía. La flexibilidad en la senda del llenado del almacenamiento subterráneo también es una petición de todos los Estados Miembros en Europa.
Y es aquí donde enlazamos con un tema que no podemos separar de esta discusión: la descarbonización industrial. La industria gasintensiva española está comprometida con la neutralidad climática en 2050, pero necesita margen para elegir cómo y cuándo llegar a ese destino. Hay que evitar repetir los errores del almacenamiento: no podemos imponer un único camino sin tener en cuenta la diversidad de realidades industriales.
“I did it my way”, dijo Frank Sinatra, y es que, al igual que en la industria, necesitamos tomar el control de nuestro propio destino, definiendo el camino hacia la descarbonización de manera inteligente y responsable. No hay un único camino hacia el futuro; la clave está en elegir el nuestro con inteligencia y responsabilidad. Cada industria tiene una estructura, un perfil y un contexto único, y es fundamental que podamos adoptar el camino más adecuado a nuestras circunstancias, sin imposiciones externas que perjudiquen nuestra competitividad.
La neutralidad tecnológica no es renunciar a los objetivos, sino confiar en la capacidad de innovar múltiples caminos para alcanzarlos. Si forzamos modelos únicos sin tener en cuenta la estructura productiva ni el marco competitivo, no descarbonizaremos, sino que deslocalizaremos. No se puede olvidar que el consumo industrial de gas es un reflejo claro de nuestra salud económica. Hoy seguimos arrastrando una pérdida estructural de demanda del al menos el 15% respecto a 2019, que no ha sido provocada por eficiencia, sino por falta de competitividad. En nuestro habitual “A Fondo” encontrarás el seguimiento que realizamos de la demanda de gas industrial.
La transición energética no debe estar marcada por un único modelo, sino por la libertad de elección y la innovación. No podemos caer en el error de imponer un camino predefinido que ignore la diversidad de estructuras industriales. El reto de la descarbonización requiere, más que nunca, un enfoque flexible que permita a cada sector adaptar su proceso de transformación de acuerdo con sus propias características y capacidades. Si insistimos en aplicar soluciones uniformes, no solo no alcanzaremos nuestros objetivos climáticos, sino que corremos el riesgo de deslocalizar nuestra industria, perdiendo competitividad en el proceso.
Lo que está en juego es la capacidad de la industria para mantenerse competitiva mientras avanza hacia la neutralidad climática. Sin esa competitividad, no habrá una industria sólida que impulse la transición energética. Para que la transición sea real y justa, necesitamos flexibilizar las políticas, respetando las particularidades de cada industria. No se trata solo de descarbonizar, sino de hacerlo de manera que fortalezca nuestra economía y nuestra industria. Si España quiere liderar esta transformación, debe dejar atrás la rigidez y escuchar las demandas de sus sectores productivos. Neutralidad tecnológica y flexibilidad en el ritmo, sin forzar ni obligar a las industrias a transitar por vías que solo llevan a la deslocalización.
