La patronal del sector asegurador, ha planteado al Gobierno un sistema de colaboración público-privada que se active en eventos climáticos adversos como la DANA acontecida en octubre de 2024, que asoló parte de la Comunidad Valenciana. El objetivo de la medida es institucionalizar la respuesta que el año pasado dieron al Consorcio de Compensación -dependiente del Ministerio de Economía- y el sector asegurador mediante un sistema nacional que se active automáticamente ante situaciones de alta siniestralidad.
Durante el discurso inaugural del ’32 Encuentro del sector asegurador’, organizado por Deloitte, Mapfre y ‘ABC’, Del Valle ha comentado que pocos días después de la citada catástrofe, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y Unespa firmaron un protocolo para que 38 aseguradoras con presencia en esa región ayudarían al CCS a tramitar los siniestros, aunque el desembolso final iría a cargo del citado organismo público, que se financia con un recargo incluido en todas las pólizas abonadas en España.
«Las aseguradoras han tramitado unos 130.000 siniestros, dejando espacio al Consorcio para que pueda examinar los siniestros más complejos que necesitaban de un conocimiento especial», ha comentado. En este sentido, Del Valle ha detallado que hasta la fecha han recibido 250.700 solicitudes para indemnización, de las cuales ya han gestionado 245.461 operaciones, equivalente a 3.840 millones, si bien el coste de las compensaciones se puede elevar hasta los 4.800 millones. De estas cifras, 112.830 millones han sido tramitadas por las aseguradoras a cargo del CCS, que han supuesto 1.258 millones de compensaciones solicitadas.
En porcentaje, representa la gestión de hasta el 98%, aunque quedan pendientes casi 5.000 peticiones, que son los siniestros más complicado y que pueden los de mayor coste. Del Valle ha aprovechado su intervención para advertir que este tipo de eventos climáticos son cada vez más frecuentes, tal y como ha ocurrido en los últimos cinco años. En el caso de la DANA, considera que supuso el «mayor test de estrés» al que se ha sometido hasta la fecha el Consorcio.
Se da la circunstancia de que la Comunidad Valenciana es una de las regiones de España que cuenta con un mayor volumen de asegurados, con una cobertura de viviendas aseguradas del 75%. Esto quiere decir que un 25% de las viviendas afectadas no estaba cubierta. «Nuestro reto es conseguir que todos los inmuebles se encuentren asegurados y adecuadamente asegurados. Especialmente los ubicados en zonas vulnerables», ha apuntado tras indicar que España es uno de los países con la tasa de aseguramiento de las viviendas más elevada de Europa.
Por poner en comparativa, en Italia o Grecia es inferior al 25%, en Alemania abarca entre el 50% y el 75%, mientras en Francia o España rebasa el 75%. «No hay que perder de vista que existen importantes diferencias regionales. Mientras que en las tres provincias vascas, Barcelona o Comunidad de Madrid, el aseguramiento de hogar es prácticamente universal, en lugares como Cáceres, Orense o Islas Canarias es del 60%», matiza. La tasa también es inferior en las zonas rurales como se ha visto en los incendios ocurridos este verano.
No obstante, incide en que la brecha de protección no gira únicamente en torno a la dicotomía entre asegurado y no asegurado, sino también en cómo de asegurado se está. «Los propietarios deben cerciorarse de que las coberturas de sus hogares son las adecuadas para hacer frente a los daños que puedan sufrir a raíz de un evento adverso y revisar que los capitales aseguradors que contempla su póliza se encuentran en línea con el coste de la vida», subraya.
