En este contexto Maduro ha lanzado una serie de amenazas tanto contra su población como contra el exterior ante el ‘ataque’ que, en su opinión, se estaría produciendo. Así por ejemplo, Maduro ha afirmado que ya están estudiando la opción de expropiar los proyectos petroleros de EEUU en el país y cedérselos a países aliados como China, Rusia, India o Brasil. El mandatario latinoamericano extendió también esta amenaza a todos los aliados del país norteamericano que también están apoyando a la oposición, como los países de la UE.
Aunque aún no se han dado detalles, esta amenaza encierra un verdadero problema para el gran proyecto de Maduro, lograr el despertar de una industria petrolera hundida por años de hiperinflación, mala gestión de su petrolera estatal, baja inversión, una infraestructura en mal estado y sanciones. Sin embargo, el golpe podría sacudir de arriba a abajo la economía del país desatando de nuevo el terror de la inflación. Debido, especialmente, a la alta dependencia de este país con el dólar y sus escasas vías para abastecerse de esta moneda.
En noviembre de 2022, el mismo año que comenzó la guerra de Ucrania y con el mercado mundial del crudo atrapado en una espiral de caos, EEUU firmó un histórico acuerdo con Venezuela al emitir la ‘licencia 41’ un permiso con el que se permitiría a Chevron continuar con las operaciones que habían quedado totalmente paralizadas con las sanciones en el país caribeño. Este apaciguamiento siguió en 2023 con la firma de una suspensión temporal de todas las sanciones a cambio de negociar con la oposición la negociación de una puesta en marcha de unas elecciones libres y transparentes.
EEUU tuvo que dar marcha atrás a esta última medida, después de que la CNE prohibiese presentarse a dos candidatos como son Corina Machado y Corina Yoris. Además afirmaron que el país tampoco había cumplido ninguna garantía para asegurar la limpieza de los comicios en ninguno de los otros frentes. Sin embargo, a pesar de que las sanciones volvían, EEUU dejó una puerta abierta, la licencia 41 seguía vigente y de hecho, el permiso para operar se ha expandido a otras empresas como Repsol, Maurel & Prom y Eni.
Sin embargo, la clave está en Chevron. La firma tiene cinco proyectos repartidos en Venezuela, en particular es importante en que se sitúa en la Faja del Orinoco. La empresa, que opera conjuntamente con PDVSA ha pasado de no producir nada, a 100.000 barriles diarios en enero de este año a una ya relevante cifra de 200.000 barriles diarios según los últimos datos de junio. Solo los proyectos de esta empresa suponen más de una quinta parte de todo lo que se extrae en el país. Según los últimos datos oficiales, todos los pozos venezolanos dieron lugar a una producción total de 922.000 barriles diarios. Según las previsiones de IPD Latin America, los proyectos operados por las otras tres empresas Occidentales podrían producir cerca de 50.000 barriles para finales de 2024.
«La industria petrolera del país es totalmente dependiente de las inversiones y decisiones que toma Chevron» comenta Monaldi director del Programa de Latinoamérica del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston. El experto considera que esta amenaza es «poco creíble» dado que pasar toda esta industria que ha crecido en estas condiciones a otras manos es una camino cargado de riesgos y que, además, ve prácticamente seguro que el crecimiento que se ha ido dando los últimos dos años se frenaría por completo. «Ahora mismo Chevron representa cerca de una cuarta parte de la producción pero es que supone entre un 80% y 90% del incremento que se ha dado de la misma». En definitiva, «si Maduro toma esas medidas Venezuela sería la gran perjudicada por lo que es muy improbable que tomen este camino». No es solo que la inversión sería menor sino que el mismo hecho de entregar estas operaciones a firmas de otros países «generaría una gran dificultad».
Ahí es donde entran las empresas occidentales pues estas aportan el capital para abrir estos proyectos sin necesidad de que el gobierno ponga de su parte. Una inversión que es totalmente esencial para que se cumpla el plan de Maduro, por el que quiere volver a bombear 2 millones de barriles para 2025. Un escenario que parece totalmente imposible para los analistas del sector explican que hace falta un gran periodo de tiempo (y años de tranquilidad geopolítica) para ir rehabilitando la infraestructura petrolera del país. En cualquier caso una expansión importante sería un auténtico balón de oxígeno para un país que ha tenido que sobrevivir a unos agresivos recortes de gasto para frenar una inflación del 130.000% al 337% de 2023 y la destrucción del PIB (con tres cuartas partes del mismo destruido). Al tiempo que dolarizó su economía para que un peso destrozado no siga lastrando la economía. Esto ha llevado a situaciones extremas como un salario mínimo estancado en 130 bolívares al mes (3,5 dólares). Para entender la magnitud de esta situación, según datos de la Federación Venezolana de Maestros, un kilo de arroz en el país se vende a 1,17 dólares.
En ese sentido una ‘nacionalización’ y posterior traspaso a empresas chinas, rusas, indias o brasileñas entraña un gran riesgo. Un país que necesita los dólares para mantener a raya la inflación perdería uno de sus grandes motores de entrada para esta divisa. «Chevron es una fuente muy importante de dólares en el mercado, que ha ayudado a evitar la devaluación del bolívar. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande para evitar esta devaluación».