Las políticas de control de precios en zonas como Cataluña, que se ampliaron en abril al alquiler de temporada y por habitaciones, han disparado la presión sobre la demanda, calentando aún más los precios, según el Barómetro del Alquiler, Este estudio de carácter periódico mide la presión que ejerce la demanda de quienes buscan arrendar una vivienda sobre la oferta de inmuebles disponibles. Para medirla contabilizan la media de contactos que recibe una vivienda en alquiler al cabo de diez días.
En función de esto se establece una clasificación basada en esta variable que diferencia entre presión normal (de 1 a 15 contactos), en riesgo (de 16 a 30), elevada (de 31 a 45), alta (de 46 a 60) y muy alta (de 61 a 75). Ante el fuerte aumento de la presión en muchas provincias, se ha fijado una nueva categoría: presión fuera de rango, que incluye las zonas con más de 76 contactos.
El informe explica que cada vivienda que sale al mercado del alquiler en Cataluña recibe una media de 318 contactos en apenas 10 días, una cifra que en el trimestre anterior se situaba en 80 y que cerró 2023 en 65. La media nacional, que bate récord también, se queda en 115 interesados por inmueble. Si bien la demanda aumenta en las cuatro provincias catalanas, la situación es más crítica en Barcelona, donde 362 personas se interesan por una misma oferta, el dato más elevado de todo el país.
En virtud de la Ley de Vivienda, la Generalitat declaró zona tensionada 140 municipios de la región y posteriormente amplió esa calificación a otros 131. Tras la publicación del Índice de Precios de Alquiler por parte del Ministerio que capitanea Isabel Rodríguez, se permitió el control de precios en los alquileres catalanes, de modo que se prohibió subir la renta en el caso de los contratos que finalizasen tras su entrada en vigor y se obligó a los propietarios que ponen su vivienda por primera vez en el mercado a fijar el precio según los límites establecidos por el Índice.
Barcelona es la provincia con mayor presión, pero el Barómetro detecta otro efecto añadido. «El problema del alquiler no se puede contener y termina extendiéndose a las provincias limítrofes», señala, y pone el ejemplo de Tarragona, que ha pasado en solo un trimestre de una presión de 21 a una de 99. El control de precios ha disparado el número de personas que se interesan por cada anuncio de una vivienda que sale al mercado en Cataluña. Sin embargo, la escasez de oferta genera una presión de la demanda que la oferta no es capaz de absorber. Aunque el número de inmuebles disponibles ha aumentado en este trimestre en unos 4.000, el aumento es claramente insuficiente para responder al volumen del mercado catalán, sobre todo porque el mercado catalán ha perdido más de 21.000 inmuebles en alquiler con respecto al año pasado.
El Barómetro concluye que las medidas impulsadas en Cataluña no han conseguido, hasta ahora, cumplir con su objetivo. En el segundo trimestre, el precio de alquilar una vivienda en esta región ascendió a 1.402 euros, frente a los 1.361 que se pagaban en el periodo anterior. Por provincias, Barcelona es la más cara a nivel autonómico y la segunda a nivel nacional, solo por detrás de Baleares, con 1.598 euros. Le siguen Girona (954 euros), Tarragona (804) y Lleida (673). Las cuatro han experimentado una subida de precios en este trimestre.
Los problemas se extienden más allá de Cataluña, puesto que esa presión de demanda ha crecido en solo un trimestre en la gran mayoría de las provincias. A nivel nacional, 115 personas se interesaron de media por cada vivienda que salía al mercado en un plazo de diez días, frente a las 50 del periodo anterior. Por detrás de Barcelona se sitúan, así, Vizcaya (168 contactos por vivienda), Valencia (138), Alicante (116), Santa Cruz de Tenerife (109), Baleares (102) o Madrid (102).
«El mercado del alquiler en España es muy heterogéneo y presenta profundas diferencias entre las provincias del país», recuerdan. Pese a que la presión ha subido en gran parte de ellas, la mayoría (un total de 19) siguen englobadas en el segmento de presión normal. En esa situación se encuentran, entre otras, Badajoz (9), Burgos (10), Lugo (11) o Jaén (12).
