Esta reunión, que la ministra del ramo, Rodríguez, avanzó a mediados de septiembre durante un acto en Chiclana de la Frontera (Cádiz), se producirá una semana después de que Rodríguez advirtiera a las autonomías «insumisas» con la Ley de Vivienda de que no recibirán fondos estatales para vivienda si no cumplen con esta norma que el Gobierno aprobó hace más de un año y medio. La ministra recordó a las CCAA que cerca del 70%-75% de los recursos financieros que las autonomías usan para sus políticas de vivienda provienen de fondos del Estado, por lo que si no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, condicionará esta financiación a que la cumplan. Así, la ministra afirmó que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Estas declaraciones le valieron a la ministra de Vivienda la reprobación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, quién aseguró que no se pude «limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un atentado contra la propiedad». Desde el Partido Popular han pedido a la ministra de Vivienda que rectifique de «inmediato» y no deje sin fondos estatales a las CCAA por no aplicar la Ley de Vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está inmerso en los trabajos del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2026-2029, con el que quiere ampliar hasta el 9% el parque público de vivienda en España para acercarse a cifras europeas. El nuevo plan, que sustituirá al que está en vigor para el periodo de 2022 a 2025, pasará por ofrecer «mayor transparencia y más participación ciudadana», según defendió Rodríguez hace unos meses. De igual manera, la ministra de Vivienda aseguró durante una interpeleción en el Senado a principios de septiembre que en el próximo Plan Estatal de Vivienda quería conveniar con las CCAA que los fondos públicos destinados a políticas de vivienda se mantengan «siempre públicos» y no vayan a parar a manos de fondos buitres.
Hasta ahora, el Plan de Vivienda de 2022-2025 había destinado 1.717 millones de euros a través de 13 programas, de los cuales 1.440 millones habían sido aportados por el Gobierno para la ayuda directa al alquiler, el acceso a la vivienda de los jóvenes o las ayudas a arrendadoras como seguro de protección.
Otro de los principales ejes sobre los que se vertebrará la reunión que desde el Ministerio de Vivienda mantendrán con las autonomías el próximo jueves será la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que Rodríguez ya ha adelantado que se realizará en esta segunda mitad del año y que contará con una partida presupuestaria mayor. El Bono de Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros mensuales destinada a menores de 35 años para poder hacer frente a la renta del alquiler. El Gobierno destinó a dicha línea en 2022 y 2023 un total de 200 millones de euros anuales, que repartió entre las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas. Sin embargo, en esta nueva convocatoria todavía sin fecha, el Gobierno aumentará la partida para lograr que «más jóvenes puedan beneficiarse».
«Vamos a reeditar el Bono Alquiler Joven (…) ampliando la partida presupuestaria» avanzó hace unos meses Rodríguez en el Senado, aunque sin detallar la cuantía del aumento.
De igual manera, la ministra ha asegurado que para esta nueva convocatoria se ha pedido a los servicios técnicos del Ministerio que «analicen y evalúen» cómo están gestionando las distintas autonomías esta línea de ayudas, porque «con los mismos instrumentos» hay muchas diferencias entre comunidades en cómo se están tramitando los distintos expedientes de ayuda.
