Rodrigo, quien desdeñó el calificativo de «insumisas» que dedicó Rodríguez a las comunidades que no aplican las zonas tensionadas, compareció minutos antes de la conferencia sectorial de Vivienda junto al resto de consejeros autonómicos de las comunidades presididas por el Partido Popular. Aseguró que el Gobierno está tratando de imponer sus políticas «fracasadas» en materia de vivienda y que la declaración de zonas tensionadas reduce la oferta del alquiler y no es una medida eficaz a la hora de reducir precios. «El Gobierno lo que tiene que hacer es hablar con las comunidades y no imponer», aseguró Rodrigo, quien recordó a la ministra que su planteamiento político pasa para aumentar la oferta.
Por otra parte, el consejero de Vivienda del País Vasco, Itxaso, afirmó acudir a su primera conferencia sectorial con una actitud constructiva y pidió dar una oportunidad a la Ley de Vivienda. Itxaso afirmó que la solución pasa por dar seguridad a los arrendadores. «Nosotros tenemos un sistema de intermediación que garantiza hasta 650 euros de renta a los que alquilan y les garantiza que les devolverán el piso en perfecto estado de revista», aseguró Itxaso.
Asimismo, comentó que más municipios vascos se van a declarar próximamente zona tensionada, como ya sucede desde este miércoles en la localidad guipuzcoana de Rentería. «Vamos a actuar en localidades como San Sebastián, Irún, Zumaya o Galdácano», explicó Itxaso, quien señaló que depende del criterio de cada ayuntamiento.
Por último, el consejero de Vivienda de Castilla-La Mancha, Hernando, pidió al Partido Popular no imitar a Puigdemont en su estrategia de confrontación y desdeñó la queja de los ‘populares’ de que los fondos se vayan a repartir de manera discriminatoria. «Le reto al PP a demostrar que los 200 millones de hoy no se van a repartir de manera equivalente y proporcional», aseguró Hernando.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda han precisado este jueves a Ep que no se castigará a las comunidades que no apliquen los límites, sino que se premiará a las autonomías que sí lo hagan con más fondos, matizando así las declaraciones previas de Rodríguez. Curiosamente, casi al mismo tiempo la vicepresidenta y ministra de Hacienda se reiteraba en otro acto: «Una administración no puede ser insumisa al cumplimiento de la ley», afirmaba Montero en una jornada sobre pymes y fondos europeos.
Según recoge la propia Ley de Vivienda dicha aplicación queda al albur de las autonomías. De ahí que los populares cuestionen la acusación inicial de Rodríguez, que llegó a tildar de «insumisa» a la Comunidad de Madrid. «Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera», respaldan en bloque las regiones populares, que acusan a la Ley de Vivienda de estar detrás de un incremento del precio de los alquileres del 13 % desde su entrada en vigor.
La vivienda ha escalado en los últimos meses hasta convertirse en el segundo problema de los españoles, según el CIS. De ahí que tanto PP y Vox hayan volcado sus esfuerzos en materia económica en este punto, cuestionando no solo la Ley de Vivienda sino también la promesa recurrente de Pedro Sánchez de construir 183.000 viviendas para alquileres sociales.
En este contexto, la ministra antes de la reunión ha «ofrecido acuerdo, colaboración y recursos y espero del PP, que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, que haga lo que se espera, alcanzar un pacto entorno a la vivienda»,. En este sentido, y según matizan fuentes de su Ministerio, se trata de «premiar» a aquellas comunidades que están aplicando la ley, y que han reconocido que tienen un problema en esta materia, «aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, lo que no implica que se quiten fondos al resto».
Poer otra parte esa reacción de la ministra se ha producido después de que todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) firmasen un comunicado conjunto para mostrar su «rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda». «No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos», subrayan. Los populares recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. «No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios», avisan. Además, también denuncian el grave problema que existe en España con la ‘okupación’, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, «dato equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara».
