Y es que ocho de cada diez personas en España reconocen vivir en un país profundamente desigual. Sin embargo, seis de cada diez mantienen la esperanza: creen que es posible erradicar las desigualdades. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta ‘Vivir la desigualdad 2025’, un estudio de Oxfam Intermón. A pesar del crecimiento económico sostenido y la mejora de indicadores como el empleo o el salario mínimo, un porcentaje significativo de la población en España continúa experimentando una sensación de estancamiento y vulnerabilidad que afecta especialmente a mujeres, jóvenes, personas racializadas y hogares con menores ingresos.
Según el informe, tres de cada diez personas afirman que sus ingresos no les permiten llevar una vida digna, y el 45% declara que la crisis de la vivienda les afecta. «En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas», afirma García López, coordinador del Informe La vivienda se posiciona, por primera vez, como la principal causa de desigualdad percibida, por delante incluso de la economía. El 73% de las personas inquilinas asegura sentirse directamente afectada por la crisis habitacional, frente a un 33% entre personas propietarias.
Además, esta desigualdad habitacional es estructural y se amplía: solo el 14,4% de las personas no propietarias ve probable poder comprar una vivienda algún día. Para los jóvenes sin respaldo familiar, el acceso al alquiler o a una hipoteca es prácticamente inalcanzable. Un dato lo demuestra: mientras que el 72% de la juventud de clase alta espera recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda, más del 60% de los y las jóvenes pertenecientes a hogares de bajos recursos ven poco o nada probable recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda.
A pesar de los avances en materia laboral impulsados por el Ejecutivo, como la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional la situación económica de muchas familias sigue marcada por renuncias esenciales y malabarismos financieros. Un 37% de la población afirma necesitar un segundo empleo, aunque no puede compatibilizarlo con su vida actual. Cuatro de cada diez personas no pueden permitirse unas vacaciones ni una sola semana al año, y el 40% carece de ahorros suficientes para afrontar un gasto imprevisto de 600 euros. Además, una de cada cuatro ha tenido que solicitar ayuda económica a familiares o instituciones.
Estos datos son aún más alarmantes entre mujeres, jóvenes y personas racializadas, que también presentan mayores niveles de insatisfacción laboral, especialmente cuando se encuentran en situaciones de empleo parcial, temporal o fijo-discontinuo. De este modo, el informe muestra que más de una de cada cuatro personas racializadas no puede costearse medicamentos por problemas económicos. Y el 60% de las mujeres ha tenido que reducir su gasto en ocio y cultura, un porcentaje sensiblemente mayor que entre los hombres.
El 56% de la población percibe positivamente su salud física y mental, pero las renuncias económicas en salud son significativas. Una de cada cuatro personas deja de ir al dentista por motivos económicos, y muchas más renuncian a fisioterapia o tratamientos psicológicos.
En paralelo, el 52% habría querido continuar su formación, pero no pudo por motivos económicos. De nuevo, mujeres, jóvenes y personas con menor renta lideran esta estadística, lo que refuerza un círculo de desigualdad difícil de romper. Las personas encuestadas señalan que es fundamental que tanto Gobierno central, como comunidades autónomas y ayuntamientos, operen en tres ámbitos prioritarios para revertir esta situación: mejorar las condiciones de acceso a una vivienda digna y asequible; mejorar los salarios y la calidad del empleo; así como reforzar los servicios públicos como la sanidad y la educación
Oxfam Intermón apuesta por estas medidas, además de la mejora de la protección social, el abordaje integral de los cuidados, la garantía de derechos en las políticas migratorias y mejorar nuestro sistema fiscal para que sea más progresivo y justo.
