«Existe una clara demanda de mayor flexibilidad en los objetivos de CO2», ha dicho Von der Leyen a la prensa en Bruselas, tras participar en una jornada de diálogo con el sector y adelantarles que prevé presentar los detalles de su propuesta este miércoles, 5 de marzo. Las modificaciones que pondrá sobre la mesa la jefa del Ejecutivo comunitario requieren también del visto bueno del Consejo (los gobiernos) y del Parlamento Europeo, los dos colegisladores a los que Von der Leyen ha pedido proceder con urgencia. «Sólo tendrá sentido si se aprueba con celeridad», ha avisado.
En concreto, Von der Leyen pide una enmienda para aumentar de uno a tres años el plazo para que los fabricantes tendrán para someter a evaluación sus compromisos.
La urgencia viene dada porque el reglamento establece un objetivo de reducción del 15% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ya para este 2025 (con respecto a los niveles de 2021) y, hasta ahora, Bruselas había defendido que no eran necesarias prórrogas, ya que la industria conocía el calendario desde que se acordó en 2019.
En este contexto, Von der Leyen ha afirmado que es «clave» mantener el «equilibrio» y respetar la «previsibilidad y equidad» para aquellos fabricantes que están «cumpliendo los deberes» y ya están en la senda marcada. «Eso significa que tenemos que ceñirnos a los objetivos acordados», ha advertido la conservadora alemana para explicar que los objetivos no se modificarán, aunque se dé más tiempo a los fabricantes para evitar las sanciones.
Así, ha argumentado que la UE debe «escuchar» tanto a quienes «piden más pragmatismo en estos tiempos difíciles» y la neutralidad tecnológica, «en especial en lo que se refiere a los objetivos para 2025 y las sanciones en casos de incumplimiento».
Von der Leyen plantea una enmienda específica del reglamento de modo que «los objetivos seguirán siendo los mismos, tienen que cumplirlos», pero se dará «más margen y claridad a la industria». También ha afirmado que se acelerará el trabajo de cara a la revisión prevista para 2035. En concreto, la normativa establece que, entre 2025 y 2029, los turismos deberán emitir un máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro -frente a los 115,1 gCO2/km de 2020-2024- y las furgonetas 153,9 gCO2/km, unas cifras que deberán recortarse a la mitad en 2030 de cara a lograr las cero emisiones en 2035.
