Desde finales del año pasado, cuando según la previsión constitucional debería haber presentado el proyecto, el Ejecutivo mantiene públicamente el mismo discurso: no ha renunciado a sacar adelante las cuentas y su apuesta es hacerlo lo antes posible con sus aliados en el Congreso. Pero fuentes gubernamentales explican que, para desencallar el asunto, la Moncloa está centrada primero en cerrar la negociación con Junts para la cesión de las competencias migratorias. Esa carpeta no termina de cerrarse, y lo cierto es que, incluso si el proyecto se presentase ahora mismo, tardaría en torno a dos meses y medio en aprobarse.
Eso implicaría que los Presupuestos, en el mejor de los casos, no fueran para 2025, sino tan solo para la segunda mitad del año. Pero ni siquiera esa posibilidad, que permitiría al Gobierno tener unas cuentas actualizadas y le darían estabilidad hasta el final de la legislatura, parece hoy por hoy asegurada. El Ejecutivo ni siquiera ha dado el paso previo a la presentación de su proyecto, que es someter a votación en el Congreso una senda de estabilidad. Iba a hacerlo a finales del pasado septiembre, pero retiró sus números en el último momento ante la amenaza de Junts de torpedearlos. El Ministerio de Hacienda anunció entonces que iba a renegociar con los independentistas catalanes. Pero, desde entonces, no ha habido novedades tangibles.
Aprobar esta senda de estabilidad, que incluye tanto los objetivos de déficit del año como la cantidad máxima que el Gobierno puede gastar en sus Presupuestos, no es imprescindible, puesto que el Ejecutivo puede reutilizar la de 2023, la última que recibió el beneplácito del Congreso. Pero el hecho de que ni siquiera haya cumplido su promesa de volver a someter sus cifras a votación en la Cámara Baja revela que la negociación presupuestaria se encuentra, en el mejor de los casos, estancada, aunque fuentes del Ejecutivo sostienen que no han renunciado a retomarla y apuntan como una de las claves de bóveda para desbloquearla a las conversaciones con Junts sobre la cesión de competencias migratorias a Cataluña. En esta línea, el ala socialista sigue diciendo que su objetivo es aprobar las cuentas para 2025, aunque desde hace varias semanas también apostilla que, en caso de que eso no sea posible, las cuentas de 2023 (las que actualmente siguen en vigor tras dos prórrogas) tienen «suficiente flexibilidad», como aseguró este jueves la ministra de Seguridad Social, Saiz. Sumar, por su parte, se resiste a renunciar públicamente a los Presupuestos y, el pasado lunes, urgió al PSOE «a acelerar los trabajos» para presentar el proyecto, aunque no se ha producido ningún avance público desde entonces.
Así las cosas, marzo se presenta como el mes decisivo en el que se determinará si las cuentas salen adelante o si, por el contrario, el Gobierno se ve obligado a meterlas en un cajón por segundo año consecutivo. El entorno del presidente Pedro Sánchez afirmó a finales de enero que su plan pasaba por presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos pactado entre PSOE y Sumar en el mes de marzo, «como tarde», e insistió en que el Ejecutivo no da «ningún partido por perdido» antes de jugarlo.
En las últimas semanas, el Gobierno no ha hecho ninguna mención expresa a las cuentas, más allá de repetir el mantra de que su objetivo es aprobarlas. Pero lo cierto es que la relación entre la Moncloa y Junts se ha destensado un poco tras un inicio de año de máxima tensión. Esta semana, los independentistas catalanes se avinieron a retirar la proposición no de ley con la que pretendían que el Congreso instara a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, es decir, a poner su cargo a votación en la Cámara Baja. Lo hicieron a petición del mediador internacional que fiscaliza las negociaciones entre el PSOE y Junts, y justificaron la decisión como «un último esfuerzo para evitar la ruptura»
