Como todo el mundo recuerda, en un incómodo mitin en el municipio sevillano de Dos Hermanas –en el que fue abucheado por vecinos y trabajadores al grito de «¡fuera!, ¡fuera!»–, Sánchez adelantó que el Ejecutivo «va a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de las llamadas Golden Visa que permiten acceder el régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en inmuebles». «Vamos a garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. El modelo de la inversión especulativa nos conduce a una desigualdad lacerante», añadió.
Un día después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, confirmaba que el Consejo de Ministros «ha analizado un informe» para modificar la ley que permite obtener la residencia a través de estas inversiones. «La eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves en ciudades muy concretas», comentó al respecto.
Sin embargo, la vicepresidenta ha desmentido taxativamente las afirmaciones de Sánchez y Rodríguez al respecto. Durante un acto en Barakaldo junto a la candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, Díaz ha sido muy dura respecto a las promesas del PSOE sobre vivienda.
«La vivienda es un derecho fundamental, no es un negocio de algunos partidos progresistas de nuestro país. Por una parte decimos que hay que construir muchas más viviendas y que vivan los fondos de inversión, mientras que por otra decimos que vamos a eliminar las Golden Visa, que no las vamos a eliminar ni las hemos eliminado en el Consejo de Ministros», señaló Díaz.
Lo cierto es que, a pesar de que el Gobierno asegura que la eliminación aliviará la tensión del mercado, las Golden Visa apenas suponen menos del 1 % de las operaciones. De hecho, desde la aprobación de la ley en 2013, tan solo se han concedido 14.576 permisos de residencia ligadas a inversiones en bienes inmuebles, una cifra muy pobre dada la situación actual.
