Según informó el Gobierno catalán, mantiene como prioridad cerrar un modelo que permita a Cataluña recaudar, gestionar y liquidar todos sus impuestos, incluido el IRPF, a partir de 2026, y aportar una cuota de solidaridad al Estado. La consejera de Territorio, Paneque, ha asegurado que «queda aún tiempo» para cumplir el acuerdo y que se trabaja «intensamente» para lograr un pacto a última hora con ERC y el Ministerio de Hacienda.
El presidente Illa ha reiterado que «cumpliremos en financiación: es bueno para Cataluña y para España», y ha destacado la complejidad y relevancia del acuerdo, que ha generado tensiones en otras comunidades autónomas.
El calendario inicial fijaba el 30 de junio como fecha límite para presentar el modelo, pero la convocatoria de la Comisión Bilateral se ha retrasado, en parte, por la complejidad de las negociaciones y la crisis interna del PSOE.
Por su parte, ERC ha jugado al despiste hasta el último momento, aunque fuentes republicanas reconocen que están «al corriente de las negociaciones y de los avances que se registran».
El acuerdo prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña aumente de forma notable sus recursos para asumir la gestión fiscal y que, si no se adopta el nuevo modelo en 2025, se contemplen medidas compensatorias transitorias. La reunión del 14 de julio será crucial para formalizar el pacto y despejar la incertidumbre sobre el futuro fiscal de Cataluña, en un contexto político marcado por la presión de los plazos y la exigencia de consensos amplios.
