Asimismo, les impone el pago de una fianza solidaria de 123 millones de euros -la cantidad presuntamente defrauda más un tercio que establece la ley- para asegurar que puedan afrontar a una eventual condena. El auto de procesamiento llega después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerrara la investigación el pasado mes de abril y justo una semana después de que aceptara modificar el procedimiento judicial -pasó de diligencias previas a sumario-, a petición de una de las acusaciones particulares, para que las acusaciones pudieran pedir elevadas penas de prisión.
El juez Calama comenzó en abril de 2021 a investigar lo que se considera una de las mayores estafas piramidales en activos digitales. Los primeros pasos se dieron en un juzgado de Arona (Tenerife), en septiembre de 2020, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional tras comprobar el alcance del presunto fraude, que habría traspasado fronteras hasta países como Panamá, Chile, Bélgica, Portugal, Uruguay, Italia, Argentina, Reino Unido, Venezuela, Bulgaria, Cuba, México y Estados Unidos.
Ahora, dos años después, el magistrado instructor de la Audiencia Nacional da el siguiente paso para proceder a que se juzgue a los investigados, quienes ofrecieron a sus clientes una atractiva rentabilidad de entre un 8% y un 15% por invertir en mercados específicos de divisas virtuales, como Kraken o Binance. El único requisito era que en dos meses no podrían retirar su dinero.
En su resolución, el juez explica cómo a través de la página web de la plataforma creada por Santiago Fuentes comercializaban el uso de determinados programas automáticos de inversión llamados Community Bot, que bajo eslóganes como “con este sistema siempre se gana” y “ganar es la única opción”, garantizaba dicha ganancia que se abonaba siempre los sábados. No obstante este supuesto programa automático que generaba algoritmos “nunca existió”, por lo que, según concluye el auto, en Arbistar “únicamente se vendía humo” y el negocio era una “mera simulación”.
Los procesados, sostiene el juez instructor, “con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaran en su fraudulento sistema basado en un bot de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores, cuando en realidad dicha sistema no era más que un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida”.
Así, la trama liderada por Fuentes lo que hizo realmente fue utilizar una parte del dinero entregado por los inversores a los clientes anteriores para abonar los altos intereses prometidos, indica el magistrado. De este modo, Arbistar generaba una “gran confianza” en ellos, que servía para incentivar la inversión de una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor.
A ello se sumó lo que se denominó “plan amigo”, que en verdad, según señala el instructor, respondía a una estafa piramidal. Las grandes rentabilidades sirvieron de publicidad para atraer a nuevas personas al constatar los beneficios “casi inmediatos” que percibían los ya clientes. Además, se utilizaron otras estrategias de captación de clientes como la celebración de actos públicos en hoteles y salas de congresos para promocionar la plataforma.
Con todo ello, el juez cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados, de los cuales han quedado individualizados cerca de 5.000, y valora en más de 92 millones de euros el total de la cantidad defraudada. Señala que 55 de los perjudicados los fueron en una suma superior a los 50.000 euros cada uno, y otros 17 en 250.000 euros.
