El Ministerio Público defiende que el juez Juan Carlos Peinado ha errado al acordar esta nueva diligencia de investigación a través de una providencia, en vez de en un auto judicial, y sin ofrecer una «motivación oportuna» de las razones que hacen necesaria la intervención de los mails de la esposa de Pedro Sánchez.
El fiscal del «caso Begoña Gómez» acusa al magistrado, ante la instancia superior, de haber aprobado sin la «más elemental motivación» la investigación del contenido del buzón de mail que tiene en Moncloa, pese a que implica una afectación «evidente» para sus derechos.
En concreto, apunta a los magistrados madrileños que no se conocen «las razones que pueden llevar a la adopción de la medida» y su «finalidad de acuerdo con la referida ponderación de los derechos en conflicto». Según expone el Ministerio Fiscal en su recurso de apelación, el juez Peinado ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) que analice los correos que Gómez envió y recibió desde el verano de 2018 y hasta la actualidad sin justificar porque es «necesario» e «idóneo» para la instrucción hacerlo. Y sin ofrecer en la resolución judicial los «indicios» que lo hacen procedente y qué «relevantes resultados» puede ofrecer la ejecución de esta pesquisa policial.
También traslada a la Audiencia de Madrid su preocupación por la proporcionalidad de la medida, en cuanto a que «pretende recabar y analizar en su integridad más de siete años de correos» y hacerlo, además, «sin limitación de ningún tipo, y sin señalar siquiera asuntos o materias relacionados o criterios de búsqueda que deban ser manejados». «Estamos ante una decisión desmesurada», insiste en su alegación. La Fiscalía llega, incluso, a aseverar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid «está vulnerando derechos fundamentales» de la mujer de Sánchez y «la propia ley procesal penal» por la manera en que ha acordado la indagación en los mails.
En otro punto del recurso, de igual forma, desliza que «parece que de uno u otro modo se está investigando absolutamente todo lo relacionado con una persona y un periodo de más de siete años», lo que coincidiría con una actuación judicial prospectiva.
