Según fuentes jurídicas, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no tendría que esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán para pronunciarse sobre la aplicación de la ley de amnistía.
La clave está en la sentencia que el Constitucional prevé estudiar el próximo 22 de septiembre sobre el recurso planteado por Jordi Turull. Si el tribunal fija una doctrina favorable respecto a la aplicación de la amnistía al delito de malversación, esa interpretación podría extenderse a otros dirigentes del procés, incluido Puigdemont.
De producirse ese escenario, Llarena aplicaría el criterio establecido por el Constitucional sin necesidad de aguardar a una resolución específica sobre el recurso individual del líder de Junts, lo que reduciría significativamente los plazos.
Las expectativas de una decisión favorable se han reforzado tras los pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional, que ya ha avalado aspectos esenciales de la ley de amnistía y ha considerado que la malversación puede quedar incluida en su ámbito de aplicación.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo había excluido de la amnistía la malversación atribuida a Puigdemont y a otros responsables del procés, manteniendo vigentes las consecuencias judiciales derivadas de esa interpretación.
Si el Constitucional consolida una doctrina distinta en el caso de Turull, el panorama jurídico del expresidente catalán podría cambiar de forma sustancial y acercar su retorno a España tras casi una década fuera del país.
