La organización considera que la acumulación de exigencias previstas puede dificultar seriamente el desarrollo de nuevos proyectos en España.
En una rueda de prensa celebrada en la CEOE, el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís, advirtieron de que la norma plantea restricciones técnicas, económicas y jurídicas que podrían convertir a España en un destino menos atractivo para las inversiones internacionales.
Según la asociación, el nuevo marco regulatorio pone en riesgo entre el 80% y el 90% de las futuras inversiones previstas para el sector, cuyo volumen acumulado hasta 2030 se estima en 66.900 millones de euros. Las compañías, recuerdan, valoran factores como la seguridad jurídica, los costes energéticos, la disponibilidad de red, los plazos administrativos y la estabilidad regulatoria a la hora de decidir dónde ubicar sus proyectos.
Uno de los principales puntos de fricción es que la normativa no afectaría solo a nuevas instalaciones, sino también a proyectos ya en desarrollo y con importantes inversiones comprometidas. Algunos tendrían apenas seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones, lo que obligaría a revisar licencias, contratos, financiación y planificación técnica.
SpainDC también cuestiona el régimen de penalizaciones previsto, que contempla recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos. La asociación considera que, por su alcance, estas medidas podrían tener naturaleza sancionadora y generar dudas sobre su encaje legal.
Otro de los aspectos más criticados es la exigencia de que el 80% del consumo de los centros de datos esté respaldado por nueva generación renovable y que exista una correlación horaria entre la electricidad consumida y la producida. Según el sector, esta combinación resulta difícilmente viable desde el punto de vista técnico y económico.
Además, SpainDC plantea dudas sobre determinadas competencias regulatorias atribuidas al Ministerio, especialmente en materias relacionadas con acceso y conexión a la red eléctrica, que considera propias de la CNMC.
Pese a su rechazo al texto actual, la asociación asegura que mantiene su disposición a colaborar con el Gobierno para alcanzar una regulación que combine sostenibilidad, seguridad jurídica y competitividad, sin comprometer la capacidad de España para atraer inversiones estratégicas en digitalización e inteligencia artificial.
