Estos datos se recogen en la Segunda Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital publicada por la AIReF, la evaluación que este organismo realiza anualmente por mandato de la propia ley. Su presidenta, Cristina Herrero, ha explicado en rueda de prensa que esta evaluación no incluye a las autonomías forales que no han dado la información necesaria para poder incluirlas en este informe.
Herrero ha detallado que los datos de beneficiarios, algo más de 284.000, son similares a los que se contabilizaron el año pasado y que también el porcentaje de solicitudes denegadas se mantienen en los mismos niveles que en 2021. Tampoco ha mejorado el plazo de tramitación de la prestación, que se sitúa en torno a los 120 días.
Además, la presidenta de la AIReF ha indicado que el gasto anual en 2022 para esta prestación ha sido de 1.900 millones, lo que supone un 47% del gasto potencial previsto. En esquema el informe de la AIReF se resume en las siguientes afirmaciones:
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que el numero de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mantiene en 284.000 hogares, el 35% de los 800.000 hogares que podrían recibirlo
• Casi 470.000 hogares con derecho a percibir el IMV, el 58% del total, no lo solicitaron en 2022, y el 69% de las solicitudes se denegaron
• El coste anual efectivo del IMV fue de 1.900 millones de euros en 2022, el 47% de su potencial
• La prestación está llegando a los hogares más vulnerables como evidencia el hecho de que el 62% de los beneficiarios lleva percibiendo la prestación desde 2020 y el 54% no habían percibido ningún salario en los tres años anteriores a la prestación
• El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha numerosas acciones encaminadas a favorecer la solicitud del IMV entre los hogares elegibles, así como potenciar la eficacia de la prestación
• La AIReF no ha podido conocer el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV ante la falta de calidad de los datos de los beneficiarios de rentas mínimas que suministran las CCAA al INSS y a la AEAT
• La información final de renta con la que se gestiona el IMV ha generado que el 67% de los beneficiarios vieran revisado el importe de su prestación y el 16% de ellos causaron baja en el IMV, lo que ha generado requerimientos de devoluciones de 2.500 euros en mediana
• La evaluación detecta un alcance limitado del nuevo complemento de infancia, que beneficia a 274.000 hogares frente a los 1,5 millones de familias que podrían percibirlo
• La AIReF propone avanzar hacia un modelo de gestión del IMV más automático basado en la integración de la información administrativa en una base de datos única que permitiera la concesión de prestaciones de oficio o mediante un impuesto negativo
Además, AIReF apunta la posibilidad de que parte del non take-up pudiera venir explicada porque el trasvase de beneficiarios desde las rentas mínimas autonómicas al IMV todavía no se haya completado. Sin embargo, esta hipótesis no se ha podido verificar ante la falta de calidad de los datos de beneficiarios de rentas mínimas que las CCAA suministran a la Agencia Tributaria y al Instituto Nacional de Seguridad Social.
En este sentido, la AIReF insiste en la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las Comunidades Autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la Agencia Tributaria.
Además, toda esta información se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones, que permitiría avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del IMV cuya concesión se inicie de oficio o que se configure como impuesto negativo. Este sistema de información y gestión permitiría la transferencia inmediata de los beneficiarios de las rentas mínimas de las CCAA al IMV y podría servir para gestionar otras prestaciones sociales o transferencias directas de forma más focalizada En el mismo sentido, la Administración podría hacer un mayor uso de la información que con frecuencia mensual dispone de la renta de los solicitantes, lo que contribuiría a reducir el alto porcentaje de ajustes y revisiones de importes que se observan en las nóminas del IMV.
Adicionalmente, se podría valorar la posibilidad, pertinencia y factibilidad de simplificar la definición de renta computable para el acceso al IMV en base a la información de frecuencia mensual que la Administración ya posee. Todo ello, permitiría ir modulando la prestación en función de las necesidades reales de los beneficiarios en cada momento del tiempo mejorando la capacidad del IMV de ajustarse a situaciones de pobreza sobrevenida.
