La OCDE también critica la falta de movilidad laboral en España, que vincula con el hecho de que pasar de una autonomía a otra implica la pérdida de ayudas sociales y de vivienda por la prioridad que se da a los residentes. No es la primera vez que los expertos de la organización señalan los problemas de exceso de normas de las autonomías que, en la práctica, ponen en cuestión la unidad del mercado español, lo que redunda en una menor eficiencia económica, destacan.
En este caso, precisan que «en algunos sectores, como los servicios profesionales y el comercio, las normativas son estrictas y difieren entre autonomías, lo que pesa en la expansión de empresas emergentes». También se pronuncian, como ya lo han hecho en el pasado, en favor de eliminar «gradualmente» las regulaciones diferentes en función del tamaño de las empresas, porque eso al final redunda en problemas a la hora de crecer, de superar un determinado umbral a partir del cual tendrán que someterse a nuevas reglas.
La productividad laboral por empleado, medida en dólares de producto interior bruto (PIB) era de 86,3 dólares en España en 2022, inferior a los 89,1 de media de la OCDE y muy lejos de los 144,5 dólares en los cinco países más eficientes. Además, España es el miembro con la tasa de desempleo más elevada: un 12,9 % en el conjunto de 2022, frente al 5,6 % de media en la organización.
Los autores del estudio indican que en España los programas de asistencia social no son plenamente efectivos para reducir la pobreza, «debido a ineficiencias en los sistemas administrativos, reglas complejas y falta de coordinación».
La OCDE también considera que España debe aumentar los impuestos a los carburantes, según recoge en su informe anual sobre reformas estructurales ‘Going for Growth’, publicado este martes. El objetivo de este aumento busca que el precio tenga más en cuenta el costo de las emisiones de carbono. La Organización explica que, para que estas medidas sean socialmente asumibles, deben ir acompañadas de ayudas selectivas para «los más vulnerables».
España es uno de los países de Europa occidental con la fiscalidad más baja sobre los carburantes y se encuentra por debajo de países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Bélgica en esta materia.
Con datos de 2018 (un año alejado de la realidad actual, pero el último para el que existen datos comparativos) en España a un 60,7% de las emisiones de CO2 se les sometía a una tasa de, al menos, 30 euros por tonelada, cuando la media en la OCDE era del 50,4%. No obstante, el peso de la producción de las renovables en el consumo energético del país en el periodo 2019-2021 se limitaba al 15,9%, cuando la media de la OCDE era del 22,1% y en los cinco miembros más eficientes el porcentaje subía al 55,5%.
