En efecto, como todo el mundo sabe, la tasa a los ricos se configuró como un calco al Impuesto de Patrimonio, que gestionan las autonomías, pero para que el Estado recaudase de aquellos contribuyentes que no lo pagan porque en sus regiones está bonificado o si tiene un tipo impositivo inferior al de grandes fortunas, llevarse la diferencia.
Las CCAA que lo bonifican, Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia, son las que recurrieron el tributo al considerar que invadía las competencias autonómicas y vulneraba su autonomía financiera. Sin embargo, el texto de la ponencia descarta esta invasión y subraya que las facultades autonómicas no pueden neutralizar las estatales. Un argumento, que según los distintos expertos jurídicos y en fiscalidad consultados por este diario daría pie a crear otros tributos paralelos.
Por otro lado, estos mismos expertos también apuntan a que sentaría otro precedente: la posibilidad de crear tributos a través de enmiendas. Los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar articularon el impuesto a través de una enmienda que presentaron a la proposición de ley (también planteada por ambos) para sacar adelante el gravamen a banca y energéticas. Fuentes jurídicas señalan que esta forma de aprobar impuestos es una «anomalía» y una vía que «no es la preferente por la Constitución». Por ello, apuntan a que el TC debe actuar como dique frente a los malos usos del poder. «Debe examinar minuciosamente si existe fraude de ley, que igual no, pero que si no lo hay, que sea porque ha hecho un trabajo exhaustivo y llegue a esa conclusión, para mandar el mensaje de que está atento para aquel que quiera usar esa vía», apuntan las mismas fuentes, que temen que el TC pase de puntillas sobre este tema y lo resuelva con un análisis puramente formal para apoyar el tributo. Lo que deriva en otra preocupación de los expertos consultados: la politización del tribunal.
En estos momentos, este gravamen supone un enfrentamiento entre CCAA del PP y Gobierno central y se ha traducido en una interposición masiva de recursos por parte de los contribuyentes afectados, por lo que expertos señalan que la Corte intenta cortarlo cuanto antes y dejar el asunto zanjado para el segundo pago del tributo, en julio de 2024. Y la composición del TC lo va a facilitar con siete magistrados progresistas y cuatro conservadores. «Es una pérdida de credibilidad para el TC en la medida que todas las decisiones con transcendencia política acaban resolviéndose por bloques inamovibles, si se reproduce este esquema de funcionamiento no deja de ser una mala noticia que revela que el sistema de contrapesos es ineficaz», concluyen.
Los magistrados del TC, desde su renovación en enero, han votado por bloques (siete jueces progresistas y cuatro conservadores) los asuntos con relevancia política. Así sucedió con la ley del aborto, que tras trece años en un cajón, la Corte respaldó con el voto a favor de los siete magistrados progresistas y los cuatro en contra de los conservadores. También recibió el ‘sí’ de los siete progresistas y el ‘no’ de los cuatro conservadores la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del PSOE y Unidas Podemos para vetar que el CGPJ en funciones nombre jueces.
