Ante esta situación, la Oficina del Censo Electoral deberá enviar la documentación para votar a los 2,7 millones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Las papeletas incluirán una advertencia: la validez de los votos afectados quedará pendiente de la decisión final del Supremo.
Sin margen para revisar los expedientes
Según la JEC, las oficinas consulares no pueden elaborar a tiempo una relación que distinga qué nacionalizados cumplen los requisitos de exilio político establecidos en la Ley de Memoria Democrática y cuáles no.
La advertencia llegará a todos los inscritos en el CERA, aunque la incertidumbre afectará únicamente a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esa vía y están pendientes del pronunciamiento judicial. La Junta comunicará su decisión al Supremo para que dicte las indicaciones que considere oportunas.
Cuatro vocales propuestos por el PP plantearon instar a los consulados a acelerar la revisión de los expedientes, pero la mayoría consideró que esa tarea corresponde también al alto tribunal.
La JEC avala la seguridad del voto por correo
El PP había pedido reforzar las cautelas sobre el voto por correo ante posibles irregularidades. Tras estudiar un informe de Correos, la Junta concluyó que el sistema ya cuenta con controles suficientes y que «no se añaden causas o motivos para nuevas preocupaciones».
La mayoría de los vocales rechazó alimentar sospechas sobre este procedimiento y expresó su malestar por los bulos difundidos en las últimas semanas. La JEC separa así la controversia sobre los nacionalizados —que deberá resolver el Supremo— de la seguridad general del voto por correo.
