El problema es que esta medida conllevaría ciertos riesgos, de los que se ha hecho eco el Banco de España: «Si la jornada laboral se reduce, la brecha de PIB per cápita de España aumentaría con la de la eurozona», advierte el director General de Economía y Estadística del organismo, Gavilán.
España no está precisamente bien situada en PIB per cápita. Pese a ser la cuarta economía más grande de la Unión Europea en términos de PIB nominal, y la número 14 a nivel mundial, según datos del Banco Mundial, si se tiene en cuenta esa riqueza por habitante, España cae hasta el puesto 33, por detrás de Lituania, Chipre o la República Checa.
«Ahora mismo tenemos la misma renta per cápita en términos reales (el mejor predictor que tenemos de la riqueza de un país) que en el año 2005: unos 24.600 euros. Vamos camino de dos décadas perdidas», lamenta Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol). En ese tiempo, España tampoco ha logrado alcanzar a sus socios europeos. «Al contrario, mientras en 2005 la renta per cápita en España era solamente un 9% inferior al promedio de las economías del euro, ahora es un 17% más baja». Pero esto no viene solo de 2005. En 2005 España se estancó, pero lleva sin converger desde los años 80, porque desde entonces la renta per cápita crece menos o no crece.
Según el indicador de PIB per cápita por hora trabajada de la OCDE, España estaría en 52,5 puntos, por debajo de los 64,7 puntos de media de las 7 grandes economías (G-7), Suiza (76,5 puntos), Suecia y EEUU (74) o Alemania (68,6).Si el PIB per cápita está estancado es básicamente porque la productividad no ha crecido. España crece porque vende más, la economía crece porque hay más empleados produciendo para vender más, pero si cada empleado no produce más, su riqueza se estanca.
Para que esa brecha de PIB per cápita no empeorara al reducir la jornada laboral, haría falta que España aumentara su productividad. Y, lamentablemente, esa es la gran asignatura pendiente de la economía.
Para Gavilán, esa reducción de jornada no debería establecerse como una tabula rasa para todo el tejido productivo español, sino que debería tener en cuenta la elevada heterogeneidad, tanto de sectores, como de tamaño empresarial, mediante la negociación colectiva. El objetivo de socialistas y Sumar es transitar desde las 37,5 horas hasta las 32 horas semanales, abriendo un debate con los agentes sociales.
Ahora mismo, España es de los países europeos con la jornada laboral más larga, y aún así no está muy bien posicionada en productividad y PIB per cápita. En 2022, los trabajadores de la UE de entre 20 y 64 años trabajaron una media de 37,5 horas. En España la media se colocó en 40,4 horas, frente a las 33,2 horas de los Países Bajos o las 41,0 horas de Grecia, según Eurostat.
«Habrá que ver la capacidad de la negociación colectiva para acomodar una norma general, como puede ser la reducción por ley de la jornada laboral, con la heterogeneidad tan enorme que hay en cuanto a jornadas de trabajo efectivas por sectores e incluso por empresas», observa. Por ejemplo, sectores como comercio u hostelería tienen pactadas jornadas de trabajo más largas, igual que las pymes, que suelen contar con jornadas más extensas frente a las grandes empresas. Se trata de elementos que habría que tener en cuenta a la hora de definir los parámetros de jornada para las compañías.
Por el momento, ningún país europeo cuenta con proyectos legislativos en firme para implantar la jornada de 32 horas semanales. Aunque algunos, como Reino Unido e Irlanda, han llevado a cabo proyectos pilotos. También ha habido pruebas en España, como la realizada en Valencia entre abril y mayo, al que se suma la propuesta por parte del País Vasco para 2024.
En todo caso, para que la reducción de la jornada laboral entrara en vigor hará falta primero que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, forme Gobierno y, en segundo lugar, cumplir con el acuerdo alcanzado con Sumar.
Del acuerdo de Gobierno entre los socialistas y Sumar también ha trascendido una reforma del despido. Aunque no han trascendido los detalles de la medida, el objetivo, en palabras del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, «es cumplir fielmente la Carta Social Europea en materia de despido».