Los socialistas han cedido al incorporar en el texto la amnistía para casos de la denominada «lawfare» o judicialización de la Justicia que afectaría a todos los relacionados con el procés entre 2012 y 2017, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana. A cambio, el partido de Puigdemont garantizaría una legislatura estable con su más que previsible apoyo a las leyes clave que vaya sacando adelante el Ejecutivo, como la de los Presupuestos Generales del Estado.
El secretario de organización del PSOE, Cerdán, ha asegurado que es «un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse». Cerdán ha reconocido que son «dos formaciones que tenemos discrepancias profundas» pero que pueden «llegar a un acuerdo para solucionar los problemas de los ciudadanos» en «un momento clave para el país». Los socialistas se escudan en el resultado electoral de las pasadas elecciones del 23-J y consideran que «los españoles dijeron no a un gobierno del PP y Vox y sí a un gobierno del PSOE», comparando a los primeros con el «odio» y a los segundos con el «progreso».
Las negociaciones se han llevado a cabo pensando en que «el conflicto de fondo con Cataluña sigue sin resolverse» por lo que dicen estar «preparados para iniciar una nueva etapa basándose en el respeto».
El pacto tendría como finalidad «construir una sociedad abierta y moderna, un país mejor y consolidar así los avances conseguidos» en la anterior legislatura. «Devolver la paz a la sociedad española» abriendo «un nuevo camino de entendimiento». Cerdán ha remarcado en más de una ocasión que este acuerdo no es solo para la investidura, sino para toda la legislatura. «Hemos hablado de dar estabilidad los próximos cuatro años», ha dicho. Ahora tiene la pelota en su tejado la presidenta del Congreso, la también socialista Armengol, quien deberá mover ficha para convocar el pleno de investidura.
La ley de amnistía está acordada pero como acuerdo político, ahora queda todo el proceso legislativo hasta que sea aprobada. «Es una ley bien trabajada y luego será el Tribunal Constitucional quien deba revisarla», ha explicado Cerdán, «pero estamos seguros de que no habrá ningún problema», ha asegurado. El TC está en manos de Conde-Pumpido, por lo que saben de antemano que tienen el control de todos los resortes.
Al ser cuestionado sobre la carta del comisario Reynders, ha asegurado «no entender» la petición al Gobierno «cuando es una ley» y no una decisión unilateral. «Tenemos que seguir hablando sobre el reconocimiento de Cataluña como nación», terminó.
