Aunque ha asegurado que tendrá en cuenta la propuesta empresarial, Díaz ha avisado de que el SMI no puede perder poder adquisitivo. En este sentido, hace unos días recordó que la inflación interanual de noviembre oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, por encima por tanto del 3% que plantea la patronal.
También UGT y CCOO consideran «insuficiente» la oferta de CEOE para la subida del SMI y abogan por tener en cuenta, no sólo el IPC general, sino también la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para determinar su incremento.
La hoja de ruta planteada por la CEOE pasa por subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.
En todo caso, la patronal precisa que su propuesta «tiene como condición sine qua non» la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos.
El planteamiento empresarial implicaría una subida del SMI, en dos años, de 65,77 euros, el equivalente a un alza del 6% respecto al importe actual. Así, el SMI aumentaría en 32,4 euros el próximo año y en 33,37 euros en 2025, de acuerdo con la propuesta de los empresarios.
Sin embargo, los sindicatos entienden que el SMI debe proporcionar «el mínimo de suficiencia y dignidad» que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio), por lo que no ven adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el AENC. «El AENC recoge cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación, habituales en los convenios colectivos, pero de difícil aplicación en un salario mínimo», subrayaron los sindicatos en un comunicado difundido esta misma semana.
UGT y CCOO consideran que la subida del SMI tiene que garantizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea, esto es, ser equivalente al 60% del salario medio del país, como se recoge en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar.
Por ello, las organizaciones sindicales abogan por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, que constituyen la parte fundamental de la cesta de la compra de quienes perciben la renta básica, para garantizar que este salario cubre las necesidades básicas de las personas trabajadoras y sus familias.
A principios de este año, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio. La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales.
