El conjunto de medidas extendidas este martes se suman a la prórroga acordada por los Estados miembros el pasado marzo para ampliar hasta después del invierno de 2024 la reducción -voluntaria- de un 15% de gas. La decisión del Gobierno comunitario no incluye el llamado ‘mecanismo ibérico’, que permite a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado eléctrico, expediente validado hasta final de año y cuya posible prórroga -la segunda- se analizará de forma individual bajo el régimen de ayudas de Estado una vez solicitado por ambos países.
Por otra parte, el organismo también anunciaba la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2025 de las normativas que permiten a los gobiernos rescatar y otorgar ayudas para la reestructuración de empresas no financieras que se encuentren en dificultades en casos excepcionales con condiciones «estrictas». Bruselas ha justificado esta extensión «sin cambios sustantivos» por la necesidad de evitar un «vacío legal» una vez expirara el marco el próximo 31 de diciembre, según explicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.
El Ejecutivo comunitario considera que la situación del mercado es «mucho mejor» que hace un año. Sin embargo, aún detecta que la situación global «sigue siendo ajustada», por lo que ha decidido prorrogar unas medidas de gestión de crisis que «han demostrado ser efectivas para calmar los mercados y garantizar suministros estables». El polémico ‘tope al gas’ es una intervención que Países Bajos y Alemania se negaban a aprobar y que finalmente fue adoptado en diciembre de 2022, con la abstención de Berlín y La Haya, el voto en contra de Budapest y el «sí» del resto de Estados miembros. Sin embargo, ese límite establecido en 180 euros el megavatio-hora (MWh) nunca se ha llegado a aplicar porque los precios del gas han caído significativamente en el mercado de futuros TTF desde los casi 300 euros por MWh en agosto de 2022 hasta 43 euros en la actualidad.
Por otra parte, la Comisión Europea explicaba que la extensión de la ampliación del rescate extraordinario a empresas se mantendrá «sin cambios sustantivos». «La prórroga aporta predictibilidad y certidumbre legal para todas las partes interesadas en la aplicación de las reglas al tiempo que prepara para una potencial actualización» de las mismas.
La Comisión permite desde 2014 a los países que den apoyo económico a empresas en dificultades aunque bajo «estrictas condiciones», puesto que considera que los rescates y los planes de reestructuración «están entre las ayudas de Estado más distorsionadoras». «Interfiriendo en el proceso de salida del mercado de las compañías menos eficientes, los rescates y las ayudas para la reestructuración pueden reducir significativamente el crecimiento económico de los sectores involucrados», explica.
Por eso, Bruselas sólo permite que las ayudas de este tipo se concedan durante un periodo de seis meses como mucho y, si se prolongan durante más tiempo, los fondos públicos transferidos deben ser recuperados por los Estados miembros, que también deben notificar a las autoridades europeas el plan de reestructuración para su análisis.
Para que reciban luz verde del Ejecutivo comunitario, este tipo de ayudas deben garantizar la viabilidad a largo plazo de la entidad rescatada una vez se retire el apoyo público, así como que la firma «contribuye a (compensar) los costes de su reestructuración y las distorsiones en la competencia creadas por la ayuda».
