Es lo que han anunciado despachos como Rosen, Hagens Berman, Pomerantz, Levi & Korsinsky, Holzer & Holzer, Wohl & Fruchter, Johnson Fistel, Frank R. Cruz, Howard G. Smith, Plummets o Glancy Prongay & Murray en Estados Unidos, y Zunzunegui o Cremades en España. Todos ellos buscan ahora a inversores damnificados que quieran entrar en un proceso judicial y aportar pruebas que faciliten la investigación. Desde Estados Unidos el mensaje que han lanzado los bufetes es casi idéntico. Investigan a la farmacéutica por posibles violaciones de la ley de valores y se anima a los accionistas a presentarse y reclamar una posible recuperación de sus pérdidas. Algunos, además, piden colaboración para recopilar información que pueda ayudar a demostrar que se han infringido las leyes estadounidenses. Eso sí, la legislación es diferente a ambos lados del Atlántico y mientras que en Estados Unidos las demandas colectivas son habituales, en España no existen y el proceso será distinto, obligando a que cada inversor actúe de forma individual. En Norteamérica el camino se iniciará en cuanto se encuentre la base legal que buscan estos bufetes. Para ello se necesita un mínimo de cuarenta afectados, a los que se podrán ir sumando todos los que así lo deseen una vez que la justicia haya aceptado el caso. No es la primera vez que Grifols afronta un proceso colectivo en Estados Unidos.
El momento actual del proceso por la caída de acciones de Grifols tras el ataque de Gotham, en cualquier caso, es incipiente y los bufetes americanos están en fase de recolección de pruebas y estudio de las leyes de valores del país. Será así en las próximas semanas cuando, de encontrar un hilo argumental, se inicie el proceso judicial.
En España, Cremades & Calvo Sotelo actuará en representación de la asociación de accionistas minoritarios Aemec. Fuentes del despacho explican que «se analizarán los hechos denunciados para determinar si se ha producido, por parte de la entidad, algún hecho ilícito de índole civil o penal que perjudique a los accionistas, determinando en su caso las oportunas acciones judiciales». Aemec actuaría, no solo contra la empresa, sino también contra su consejo de administración, su auditor y cualquier persona vinculada a Grifols que considere responsable de los hechos denunciados «en aras de la defensa de los accionistas». Y en la misma línea actuará también el despacho Zunzunegui Abogados. Su socio fundador, Zunzunegui, especializado en regulación financiera, explica que «estamos analizando el caso con la idea de que los afectados puedan emprender acciones legales de forma individual, ya que aquí no se existen los procesos colectivos, y reclamar los daños tanto a la empresa como a sus administradores y al propio auditor».
En su informe, Gotham aseguró que el ebitda (resultado bruto operativo) del grupo no correspondía al que había hecho público Grifols ante la CNMV. La explicación radica en que la farmacéutica se atribuye unos ingresos de dos sociedades –Haema y Biotest US–, de las que no posee ni una acción, que vendió a la sociedad patrimonial Scranton Entreprises. Según el informe de la casa de analistas, esto provoca que el ebitda esté sobredimensionado en el entorno del 30%. Lo que no hace Grifols, según denuncia Gotham, es atribuirse también la deuda que generan las empresas. Desde la empresa se defienden asegurando que la familia solo posee el 20% de Scranton, pero ese porcentaje no evita que haya vinculaciones.
