«El gobierno de España está impulsando una controvertida ley de amnistía que ha desencadenado fuertes críticas y levantado preocupaciones sobre la estabilidad del país como destino de inversión», explica en las primeras líneas. En el texto se recoge el descontento entre sectores de la élite empresarial. Apuntan a que «es considerada por algunos como una estratagema cínica que socava el Estado de derecho y genera una inquietante sensación de incertidumbre, potencialmente ahuyentando a los inversores». El FT cita a Garamendi, presidente de la CEOE, que expresó su desacuerdo, y señaló que la gran mayoría de los empresarios comparten su posición. La CEOE ha advertido que la amnistía «está creando un clima empresarial complicado y corre el riesgo de deteriorar la imagen del país en el exterior». El diario británico cita a líderes empresariales, como el presidente de Mercadona, que han manifestado su preocupación, destacando que la amnistía está generando divisiones entre los ciudadanos.
Las crítica han sido rechazadas por Sánchez, quien se encuentra en Davos para cortejar a líderes empresariales clave. El líder español justificó el pacto como una «gran noticia», argumentando que la participación de separatistas catalanes en su gobierno es un paso hacia la normalización de las relaciones.
Financial Times explica que «el partido separatista Junts planteó la posibilidad de penalizar a las empresas que trasladaron sus oficinas fuera de Cataluña durante la crisis de 2017, aunque esta idea fue finalmente descartada». Cita FT que «este episodio de incertidumbre, según los expertos, se suma a la preocupación generada por la amnistía, creando un entorno en el que las leyes y reglas actuales podrían cambiar en el futuro». El diario cita a Díaz Ayuso, «jefa conservadora del gobierno regional de Madrid» que «sostiene que la inversión en España está comenzando a disminuir debido a las acciones del gobierno central». Albert López-Ibor, jefa económica de Ayuso, compartió su preocupación con el Financial Times, destacando que «la amnistía envía una señal negativa sobre el respeto a las decisiones judiciales, lo cual es perjudicial para el sector empresarial». A pesar de estas críticas, «el gobierno insiste en que el atractivo inversor de España permanece intacto, citando cifras de inversión extranjera directa que se mantienen sólidas», explica el medio. Aunque el gobierno destaca casos recientes de inversión extranjera, como la apertura de un centro de ciberseguridad por parte de Google en Málaga, «algunos funcionarios gubernamentales admiten que hay un ruido político significativo». La amnistía «continúa siendo el foco de la política española, con un proceso que destaca a posibles beneficiarios, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont».
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la fortaleza de la inversión extranjera, «la incertidumbre persiste, y algunos temen que las advertencias sobre el daño a la imagen de España puedan materializarse». En un contexto donde las confrontaciones con Cataluña podrían afectar la estabilidad, «el gobierno defiende la amnistía como parte de un esfuerzo más amplio para normalizar las relaciones regionales y promueve a España como un lugar ideal para invertir, respaldado por instituciones democráticas fuertes».
