El Consejo General de Economistas de España estima que el Producto Interior Bruto (PIB) registrará este año un crecimiento de entre el 2,1% y el 2,4% «en un contexto marcado por la moderación de la inflación y la incertidumbre del sector exterior».
«Las expectativas de crecimiento continúan apoyadas principalmente en la demanda interna, sustentada en la fortaleza del empleo, la aportación del sector público y la ejecución final de los fondos NextGeneration, así como en el aumento de la inversión favorecida por el reducido endeudamiento de familias y empresas, en un entorno de tipos de interés todavía moderados». Es lo que destaca el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, quien señala que «el buen comportamiento del turismo y del sector servicios mantienen perspectivas favorables para los próximos meses». No obstante, advierte de que la evolución del sector exterior seguirá siendo el principal foco de incertidumbre, pese a la mejora del entorno europeo, destino de más del 60% de las exportaciones españolas, y considera que el impacto de los nuevos aranceles de EEUU será limitado, dado que este mercado representa en torno al 5% del total de las exportaciones nacionales.
En cuanto a la inflación, prevén que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situará de media en el 2,2%. En el ámbito fiscal, el déficit público continúa reduciéndose y podría situarse en el 2,5% del PIB en 2026, con la deuda pública en el 99,2%.
Respecto al mercado laboral, el Consejo considera que continúa mostrando fortaleza. La tasa de paro cerró 2025 por debajo del 10%, algo que no ocurría desde 2008 y las previsiones apuntan a una nueva reducción en 2026 hasta el entorno del 9,5%, «aunque con ciertas sombras en cuanto a la calidad del empleo y los efectos del absentismo». «Adicionalmente a ello, persisten los desafíos estructurales de la economía española que siguen poniendo el foco en la baja productividad y el aumento de los costes laborales unitarios», afirman.
El presidente del CGE, Vázquez Taín, ha señalado que «la economía española mantiene un crecimiento superior al de la media europea y un mercado laboral que consolida tasas de paro por debajo del 10%, aunque ha advertido de que este avance se produce con desequilibrios estructurales que conviene corregir». En este sentido, ha subrayado «la necesidad de reforzar la competitividad, impulsar la productividad y avanzar en una consolidación fiscal creíble que permita reducir déficit y deuda en un entorno financiero más exigente». Su recomendación es «estabilidad institucional, rigor presupuestario y reformas estructurales que favorezcan la inversión, la internacionalización y los acuerdos comerciales, así como el crecimiento empresarial basado en la ausencia de trabas burocráticas y fiscales».
