Para ellos resulta «incomprensible» que en un sector presencialista como es el comercio, con una ley que permite la apertura de sus establecimientos hasta 90 horas durante el conjunto de días laborables de la semana, se plantee una reducción de la jornada a 37,5 horas. «De llevarse a cabo esta medida, supondría en la práctica una subida salarial encubierta equivalente al 6,25% al tener que pagar lo mismo por menos horas de trabajo y obligaría a la contratación de más personal para complementar esas horas. Todo ello dispararía los costes para los comerciantes de una forma inasumible».
Los comerciantes quieren hacer hincapié en el daño que esta reducción supondría en las empresas más pequeñas del comercio, «a las que generaría una grave pérdida de competitividad frente a las grandes plataformas de venta online que, lejos de verse afectadas por esta medida, saldrían nuevamente favorecidas».
«Mientras que el comercio de proximidad soporta una excesiva carga normativa en su regulación, este tipo de plataformas, radicadas en su mayoría en paraísos fiscales, disfrutan de una normativa totalmente laxa y esta medida solo vendría a acentuar más esa desventaja». Por todo esto aseguran que no comparten la unilateralidad de la medida, «fruto de una desconsideración absoluta hacia el diálogo social bipartito en el que la jornada laboral es una materia reservada a la negociación colectiva».
Desde la patronal del comercio de proximidad exigen que un acuerdo de esta relevancia «considere las realidades específicas de los diferentes sectores económicos como recoge la negociación colectiva, al considerarlo inaplicable en algunos de ellos. Lo contrario significaría poner en grave peligro la supervivencia de muchos establecimientos del comercio de proximidad y por tanto de los miles de puestos de trabajo que estos generan».
