La Fundación de Estudios de Economía Aplicada considera que la decisión del gobierno de coalición de mantener los gravámenes, que en origen eran temporales, a la banca y las energéticas los convierte en la práctica en «multas» para ambos sectores.
El ‘think tank’ cree que al convertirlos en permanentes «con independencia del nivel de beneficios», supone admitir que se trata de «multas ad hoc a determinados sectores» y no de impuestos en el sentido habitual del término, dado que de ser tributos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos.
En su último boletín de análisis de la situación económica la organización teme que la vuelta de las reglas fiscales y el previsible incremento del gasto neto por las medidas anticrisis pueden complicar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% este año. Consideran que muchas de esas medidas, que se han ampliado para una parte o todo el ejercicio, son cuestionables.
Ante la solicitud de la Comisión Europea y otros organismos internacionales a los países de que iniciasen la retirada del conocido como ‘escudo social’, el Gobierno optó por una retirada gradual de las medidas que afectan a los hogares. En particular, se ha promulgado a finales de 2023 un Real decreto-ley que prorroga al menos durante un año las bonificaciones de precios del transporte público colectivo. El grueso de las medidas de alivio tributario a los precios de la energía y los alimentos básicos, por su parte, se irán retirando gradualmente, extendiéndose en principio sólo a la primera parte de 2024 en muchos casos.
En la fundación entienden que las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el necesario ahorro energético, mientras que las ayudas que se aplican de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, generan un elevado peso muerto y elevan innecesariamente el gasto.
«En esta línea habría que considerar también los compromisos de gasto adicional adquiridos en los recientes pactos de investidura y los que podrían derivarse de la negociación de los presupuestos de 2024 en la complicada situación política actual», ha alertado Fedea.
En su análisis sobre la economía, la Fundación ha indicado que, tanto a nivel nacional como europeo, 2023 ha sido un año de clara desaceleración tras el agotamiento del fuerte rebote que siguió a la crisis del Covid y en parte como resultado del endurecimiento de la política monetaria para combatir el repunte de la inflación desencadenado por la invasión de Ucrania.
Dentro de este contexto, sin embargo, la economía española se ha comportado «bastante mejor de lo esperado», según Fedea. Un factor importante ha sido la favorable evolución de los precios energéticos o el acuerdo marco para la negociación colectiva, que apuesta por subidas salariales moderadas durante los próximos tres años. Así, la economía nacional ha crecido por encima de la media europea y ha ido recuperando parte del terreno perdido con respecto a sus vecinos durante la pandemia.
La evolución del empleo ha sido también mejor de la esperada, aunque la organización ha instado a abordar los datos con una lectura cuidadosa, especialmente sobre los trabajadores con contratos fijos discontinuos, que «apuntan a la necesidad de una cierta prudencia». En términos de inflación, la Fundación ha explicado que España ha convergido al promedio europeo en los últimos meses tras mantener registros mejores que la media durante algo más de un año.
El ejercicio se ha cerrado con la inflación general en torno al 3% y la subyacente en el 4% tras una bajada de unos tres puntos desde el comienzo del año. La moderación de la inflación, su vez, ha generado expectativas de un cambio de ciclo en la política monetaria que ha permitido la estabilización de los tipos de interés en la segunda mitad del año e incluso un modesto giro a la baja en su parte final. Finalmente, Fedea incide en que los ingresos tributarios tienden también a estabilizarse tras su sorprendentemente robusto crecimiento en 2021 y 2022.
