Durante la presentación de resultados de 2023 de la aseguradora, Garralda ha expresado su «preocupación» sobre la negociación del precio que el Estado paga a las compañías de seguros por prestar servicio a Muface, si bien ha señalado que «siempre» ha sido un concierto «deficitario». En concreto Garralda, ha indicado que el aumento debería ser de al menos «dos dígitos», es decir, más del 10% con el objetivo de evitar las pérdidas que están padeciendo las aseguradoras que ofrecen cobertura y no tener que verse obligados a dejar el concierto con la administración.
Como se sabe, Mutua Madrileña presta servicio a Muface a través de su filial SegurCaixa Adeslas. El servicio de prestaciones sanitarias de los empleados públicos también tiene un acuerdo con DKV y Asisa. Actualmente las tres asumen un agujero de alrededor de 170 millones de euros anuales. «Creo que todas las empresas perdíamos algo de dinero, pero lo compensábamos con economías de escala. Nosotros lo sabíamos, lo sabía la Administración, pero era un déficit soportable. Ahora mismo, es ruinoso».
«Estamos en conversaciones con la Administración y creemos que hay buena disposición para llegar a un acuerdo en el cual se vea que hay que reequilibrar económicamente el concierto». De lo contrario, ha advertido será difícil seguir dentro de Muface. .
Garralda ha explicado que actualmente se están realizando estudios encargados por la propia Administración sobre esta cuestión, que Garralda espera que vayan «por el buen camino». «Esos fondos son muy importantes y nos da un poco de miedo que se centren exclusivamente en la eficiencia del gasto, y no en la suficiencia del gasto».
Así, sostiene que sería «bueno» que esos informes fuesen «compresivos» no solo con el pagador, que en este caso es el Estado, sino también con que todo el sistema «cuadre», ver si son «suficientes» las primas que están pagando por todo el mutualismo administrativo. «Tienen que ser conscientes de que no estamos hablando de un dígito, estamos hablando de dos dígitos. No quiero poner cifras, pero tienen que ser de dos dígitos anuales para cerrar la brecha de financiación», que ha cifrado en unos 200 millones de euros. Así, ha resaltado que «muchísimas empresas» han abandonado el concierto, un camino que a Garralda «no le gustaría» tomar, pero ha pedido a la Administración que sea «receptiva».