Esta decisión ampara la necesidad de reformar las leyes laborales en el país que pide Díaz. La resolución del CEDS, se produce como resultado de una reclamación presentada por el sindicato UGT en 2022. El sindicato argumentaba que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre compensaban adecuadamente el daño sufrido por los trabajadores, especialmente en casos de relaciones laborales cortas. El sistema español establece un máximo de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades, pero el CEDS considera que esta medida no siempre es suficiente para garantizar una compensación adecuada.
El CEDS ha respaldado la posición de UGT, y ha anunciado que el límite máximo de indemnización en España no se ajusta a los principios de la Carta
El CEDS, que es el organismo encargado de interpretar y hacer cumplir la Carta Social Europea, ha respaldado la posición de UGT, y ha anunciado que el límite máximo de indemnización en España no se ajusta a los principios de la Carta, que garantiza el derecho de los trabajadores despedidos injustamente a una compensación adecuada. Aunque la ley española establece un límite máximo de compensación, este límite puede no ser suficiente para compensar adecuadamente a los trabajadores, especialmente en casos de despidos injustificados o relaciones laborales breves.
Díaz se comprometió en enero de 2024 a reformar el despido para que se adecue a la Carta Social Europea, que este sea «disuasorio» para la empresa y que no se puede «despedir sin causa» al empleado. En este marco, también se incluye la reforma del cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces.
